El Consejo de la Magistratura porteño archivó el miércoles, por siete votos contra dos, el juicio político contra los tres camaristas que habilitaron las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires en contra del DNU que había firmado el presidente Alberto Fernández apenas 48 horas antes.
Los tres jueces que habían acusados son Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, los integrantes de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad.
En el Consejo de la Magistratura de la Ciudad tramitaron tres pedidos de juicio político.
Una de las denuncias llevaba la firma de 15 de los 17 legisladores del Frente de Todos y acusaba a los jueces de firmar un fallo “arbitrario y temerario, e incapaz de resistir el menor test de constitucionalidad y de razonabilidad”. En esa misma presentación se remarca la “increíble celeridad” que tuvo el expediente ese domingo 18 de abril: “A las 6:54 AM la Sala ordena remitir a la Fiscal, a las 17:14 (diez minutos después de ser comunicada), la jueza Machiavelli rechaza una recusación y a las 20:04 se publica el fallo”.
Las otras dos denuncias contra los jueces fueron presentadas por Hernán Mirasole, un abogado que se presenta como presidente de la Asociación Civil “Nace un derecho”, y por Federico Paruolo, vicepresidente del Grupo de Litigio Estratégico Asociación Civil (GLE).
Aunque pasaron más de cuatro meses desde el fallo de la Cámara, la Comisión de Acusación, presidida por Ana Florencia Salvatelli, nunca firmó un dictamen impulsando el jury. Antes de la feria judicial, el macrismo y sus aliados pretendían archivar las denuncias argumentando que ya se había vencido el plazo pero el kirchnerismo y sus aliados decidieron no presentarse.
En el plenario de este miércoles, la consejera Julia Correa, representante de los jueces, votó por el archivo argumentando que “se debe sostener el temperamento adoptado en el expediente López Vergara” y que las denuncias solo cuestionaban el contenido de la sentencia. “No corresponde someter a los magistrados a juicio político por sus resoluciones judiciales”, agregó.
El juez Gonzalo Rua también votó a favor del archivo por el vencimiento del plazo para la acusación y destacó que ya se habían cerrado las denuncias penales que tramitaban contra los camaristas en el fuero federal. “El sobreseimiento del resto de las causas penales nos pone en una situación mejor para resolver”, dijo.
El archivo de las denuncias también fue votado por los consejeros Alberto Maques, Francisco Quintana, Alberto Biglieri, Fabiana Schafrik, y Juan Pablo Zanetta.
En cambio, Salvatelli y Anabella Hers Cabral votaron en contra del archivo y opinaron que el tema tenía que volver a la Comisión de Disciplina.
El fallo a favor de las clases presenciales, en contra del DNU que había firmado el presidente Alberto Fernández, detonó una interna política feroz entre la Ciudad y el gobierno nacional.
La resolución sostenía que el DNU “vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación” y que “lo atinente a la prestación de la educación inicial, primaria y secundaria en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una competencia netamente local, cuya regulación le compete a la Ciudad y no al Estado Nacional”.
El fallo se conoció un domingo a la noche y obligó al jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, a dar una conferencia de prensa para confirmar el regreso de las clases. A esa misma hora, algunos de los gremios porteños ya habían convocado a una medida de fuerza.
