El Ministerio de Justicia ha designado a María Florencia Zicavo como presidenta de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que fue establecida por Javier Milei para investigar el escándalo relacionado con la criptomoneda $Libra. Zicavo actualmente lidera la Unidad Gabinete de Asesores bajo la dirección de Mariano Cúneo Libarona.
De acuerdo con la Resolución 72/2025 del Ministerio de Justicia, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, Zicavo, quien es abogada especializada en derecho migratorio, deberá “cumplir” con lo estipulado en el Decreto 114/2025. Este decreto instruye a la Oficina Anticorrupción para que inicie las investigaciones pertinentes, con el objetivo de identificar posibles irregularidades o actos de corrupción vinculados al caso.
Entre las responsabilidades asignadas a la unidad, se incluye la de “solicitar información, datos y documentación a todos los funcionarios, entidades y organismos que conforman el Sector Público Nacional”, así como a “organismos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de gobiernos extranjeros y/o entidades internacionales mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”.
En la publicación oficial lanzada por el Ejecutivo se aclaró que las funciones de Zicavo no representarán un gasto adicional para el Estado Nacional, dado que la funcionaria no recibirá un pago extra por colocarse al frente del organismo.
Entre otras cosas, la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia deberá dictar las normas operativas y complementarias necesarias para determinar si se produjo un hecho delictivo durante el proceso de creación, difusión y publicación del activo digital que el presidente libertario difundió en sus redes sociales el pasado 14 de febrero.
El propósito de la designación de Zicavo es establecer las medidas necesarias para investigar el origen de $LIBRA y el supuesto vínculo de Milei, teniendo la responsabilidad de informar a la cartera de Cúneo Libarona sobre cualquier denuncia que se pueda presentar contra los individuos sospechosos de haber cometido delitos en relación con el proyecto de la criptomoneda.
Los investigadores que integren la UTI tendrán acceso a información de diversas jurisdicciones y estarán obligados a proteger los datos “para asegurar su inalterabilidad y evitar su divulgación o revelación no autorizada”.
La UTI responsable de investigar la supuesta criptoestafa deberá reportar cualquier intento de ocultar, sustraer o destruir elementos que puedan influir en el caso. No obstante, no tiene la facultad de emitir un juicio sobre las pruebas que se reúnan a lo largo de la investigación.