La aprobación de la ley que regula el desarrollo de cannabis medicinal y cáñamo industrial abrió un nuevo foco de tensión en Juntos por el Cambio. Mientras en el recinto los dirigentes opositores se mostraban el jueves pasado unidos por el debate sobre el uso de la boleta única, puertas adentro circularon cuestionamientos y pases de factura por otro de los temas de la agenda legislativa. Los números desnudaron las diferencias.
La iniciativa, un proyecto impulsado por el Frente de Todos, fue sancionada gracias a los votos que aportó un sector del radicalismo. La ley fue aprobada con 155 votos y 19 abstenciones, y no contó con el apoyo de Pro ni de la Coalición Cívica.
En el caso puntual de la ley de cannabis medicinal, el argumento formal que esbozó el Pro fue que esta ley implica más aparato estatal y nuevos impuestos. Los pilares de la campaña de Juntos por el Cambio durante las elecciones pasadas fueron, precisamente, los contrarios: prometieron reiteradamente no aumentar impuestos ni agrandar la estructura del Estado. En algunos sectores del radicalismo también se escuchó esta crítica.
Uno de los jerarcas de la coalición le dijo a La Nación: “Decimos una cosa y estamos haciendo otra”.
Plantean que esta nueva ley genera burocracia. La creación de la Agencia Regulatorio de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis, incluye un directorio de cinco miembros con jerarquía de secretario designados por el Poder Ejecutivo.
“Es una buena idea pero mal implementada. Y salió gracias a Juntos por el Cambio”, se quejó un diputado de Pro.
Al menos siete diputados de Juntos por el Cambio reconocieron en diálogo con La Nación, que el gobernador Gerardo Morales traccionó para que la tropa radical votará a favor del proyecto. “Se lo puso al hombro”, resumió un integrante de la cúpula opositora.
Según coincidieron varias fuentes partidarias el gobernador de Jujuy levantó el teléfono y llamó uno por uno a cada diputado. Logró el voto positivo de la mayoría de los legisladores radicales: 28 de los 33. Los únicos que se opusieron fueron los tres de Mendoza -Julio Cobos, Lisandro Nieri y Pamela Verasay-. La cifra se completa con una abstención y un ausente.
Cerca de Morales no negaron su interés en promover la ley, y lo justificaron. “Cannava SE es la empresa más grande de América Latina y hay muchas provincias que están con proyectos, privados también”, contestaron.
Cannaba SE es una empresa estatal radicada en Jujuy, presidida por el hijo del gobernador, Gastón Morales, dedicada al cultivo y la elaboración de ingredientes farmacéuticos y productos finales de cannabis medicinal que Morales se ocupa de mostrar cada vez que un funcionario visita su provincia.
Un diputado del Pro le dijo a La Nación: “Es un escándalo lo de Morales y su negocio”. Fueron varios los que remarcaron que el proyecto ni siquiera pasó por la Comisión de Salud. “Este proyecto no tuvo giro a Salud. Si es medicinal, seamos serios”, dijo un legislador que votó en contra.
En Pro se cuestionaron no haberse desmarcado lo suficiente de la ley. “En temas como este tenemos que marcar más fuerte nuestra posición y no lo hicimos”, dijo una dirigente del partido. Pese a que cuando la iniciativa logró media sanción en la Cámara alta en julio del año pasado contó con el aval de cuatro senadores macristas.