Este lunes 12 de agosto, el gobierno de Javier Milei continuó con la reglamentación de la Ley Ómnibus que se aprobó en el Congreso el pasado 27 de junio y publicó las nuevas normativas para tres apartados: contratos y acuerdos, concesiones y régimen de iniciativa privada.
Estas modificaciones y aplicaciones son llevadas a cabo por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, quien firmó el decreto 713/2024, publicado en el Boletín Oficial, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La nueva sección regulada de la Ley Ómnibus se trata de la comprendida en el Título III, cuyo primer artículo reglamentado indica la aprobación de la reglamentación de los artículos 63 al 65 del CAPÍTULO I del TÍTULO III de la normativa.
“Apruébase la Reglamentación de los artículos 66 a 72, 74 y 75 del CAPÍTULO II del TÍTULO III de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos″, se indicó luego en el segundo artículo, mientras que el tercero agregó: “Apruébase el Régimen de Iniciativa Privada que como ANEXO III (IF-2024-83608424-APN-SPEN) forma parte integrante del presente, el que alcanza entre otros, los sistemas de contratación regidos por las Leyes Nros. 13.064, 17.520, 23.696 y 27.328”.
Hoy se reglamentó el capítulo de concesiones de la Ley Bases con innovaciones que permitirán una mejora sustancial en la capacidad de realizar adjudicaciones más estables, sólidas jurídicamente y flexibles. Quiero destacar cuatro innovaciones muy relevantes.
Primero, las… pic.twitter.com/czfpB2u30l
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 12, 2024
En las nuevas medidas reglamentadas se define la posibilidad del Gobierno de renegociar o rescindir los contratos de obra pública, de concesión, construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos, amparado en determinados criterios u objetivos que no hubiera hubieran cumplido con la empresa a cargo de la obra hasta el 10 de diciembre de 2023.
No obstante, el decreto señala que quedarán exentas aquellas obras que alcanzaron el 80% de la ejecución del contrato, ya que consideran que darlas de baja sería “financieramente inconveniente” para el Estado.
Estas modificaciones de parte del Ejecutivo buscan ofrecer mayor seguridad jurídica a las inversiones que se requieren, como así también impulsar la presentación de iniciativas privadas para el desarrollo de infraestructuras públicas.
Hasta el momento, el Gobierno de Milei solo había reglamentado algunos capítulos del paquete fiscal. Esta primera reglamentación incluyó cuatro capítulos con sesenta artículos que atañen a las delegaciones de facultades en el Poder Ejecutivo, las privatizaciones de empresas públicas o con participación estatal; las normas englobadas en el procedimiento administrativo; y las normas relacionadas con el empleo público.
En este punto se puede ver que para una etapa siguiente aún quedan pendientes algunos capítulos importantes, como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), elementos relacionados con los hidrocarburos, el trabajo agrario, legislación ambiental y el tabaco, entre otros.
