La Casa Rosada sostiene que serán las provincias y el sector privado quienes asuman la responsabilidad de dichas inversiones. Sin embargo, en los 15 meses de gestión libertaria, algunos mandatarios han iniciado proyectos, aunque la velocidad de estos avances dista de lo que Argentina necesita para mejorar su competitividad.
Nación y las provincias han firmado acuerdos para la transferencia de obras, pero los progresos son limitados. La última noticia en este ámbito fue el anuncio del cordobés Martín Llaryora, quien presentó la licitación para completar dos tramos de la autopista en la Ruta Nacional 19 (Córdoba – San Francisco), fundamental para la producción y la conexión con el Mercosur. Esta obra requiere una inversión de US$153,9 millones y se estima que su ejecución tomará 18 meses. Originalmente, la responsabilidad recaía en Nación, pero se realizó un traspaso a la Provincia mediante un acuerdo.
“Córdoba toma las riendas, Córdoba apoya a sus ciudadanos”, afirmó el Gobernador Martín Llaryora, al realizar el anuncio, aprovechando para destacar las diferencias con la gestión libertaria.
Señaló que, “con la culminación de la Ruta Nacional 19 y con los numerosos kilómetros de nuevas carreteras que también estamos construyendo en la provincia, muchas de ellas en áreas rurales, Córdoba se establece como una de las provincias con la red vial más destacada de Argentina”.
Por otro lado, el viernes, Nación anunció en el Boletín Oficial que aprobó los avales para que Córdoba obtenga US$375 millones destinados a financiar infraestructura. Asimismo, se establecieron garantías para CABA (US$300 millones para la expansión de su sistema de subterráneos); Santa Fe (US$555 millones para la construcción y mejora de infraestructura económica y social); Chubut (US$145 millones para la Optimización Regional Sur); Salta (US$200 millones para infraestructura de saneamiento y tecnológica); Chaco (US$120 millones para iniciativas hídricas y viales); y Neuquén (renovó los avales por US$20 millones para la finalización y puesta en marcha del Nahueve).
En un año electoral como el presente, los gobernadores recurren a sus propios recursos para llevar a cabo proyectos, dado que, en términos generales, la obra pública se convierte en un componente clave de la campaña. Con la Casa Rosada, tras la falta de un presupuesto nacional, no tienen más opción que negociar de forma individual.
Obra pública y PBI
Un estudio realizado por los economistas Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli del Ieral de la Fundación Mediterránea señala que Argentina necesita aumentar “significativamente” su tasa de inversión, tanto del sector privado como del público, para alcanzar un 25% del PIB en los próximos años.
Entre enero y septiembre de 2024 (última cifra disponible), se situó en un 16% del Producto. Indican que, dado que la inversión pública fue uno de los rubros más impactados por los recortes, cayó al 1,3% del PIB después de haber estado en 2,6% en 2022 y 2023. Durante el año de la pandemia (2020), había descendido a 1,8% del PIB, y su promedio fue del 2,4% del PIB entre 2015 y 2024.
La mayor disminución en 2024 se evidenció en la inversión pública nacional (de 0,8% a 0,3% del Producto), mientras que la provincial se contrajo de 1,4% a 0,8%, lo cual se explica casi en su totalidad por las menores transferencias de capital del gobierno nacional a las provincias. Las transferencias de capital de las provincias a los municipios pasaron de 0,3% a 0,2% del PIB entre 2023 y 2024.
El estado de las rutas es el principal motivo de queja entre los gobernadores. La administración libertaria había anunciado planes para su privatización, pero hasta ahora no se han visto avances significativos. Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Axel Kicillof han tenido varios enfrentamientos sobre este asunto, mientras que Sergio Ziliotto, de La Pampa, envió recientemente una carta a la Casa Rosada destacando que “el 42% de las rutas nacionales en la provincia están al borde del colapso debido al deterioro que presentan, según un estudio de una consultora enfocada en la seguridad vial”. La Pampa se adhirió al régimen de extinción de obligaciones y espera que esto resulte en la transferencia de esas rutas.
Hace unas semanas, en la apertura del año legislativo, Gustavo Sáenz subrayó que en Salta han mantenido “más de 450 obras con recursos propios, muchas de ellas responsabilidad del Estado Nacional”. Afirmó que hay “avances” con el gobierno nacional “para el desarrollo estratégico del Corredor Bioceánico. A través del Pacto de Güemes, hemos firmado diversos convenios con el Estado Nacional: Nación se encargará del financiamiento de 11 rutas, incluyendo la 9–34 entre Rosario de la Frontera / Yatasto; tramos de la ruta 51; dos tramos de la ruta 40; el puente de Vaqueros y su circunvalación, entre otras iniciativas”. La expectativa del gobernador es que esos trabajos comiencen “pronto”.
Qué se autorizó
Dos gobernadores con buena relación con la Casa Rosada -cuyos legisladores apoyan intereses libertarios clave en el Congreso- como Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca) solicitaron formalmente a la Nación la ejecución de la “Red de Acueductos Albigasta y Plantas Potabilizadoras – Etapa 1″ (financiada por el BID, con la apertura de sobres de licitación a principios de este mes). Este proyecto ha sido postergado en varias ocasiones.
A finales del año pasado, bajo el DNU 1104/2024, el presidente Milei aprobó obras por un total de $85.035 millones. La lista incluye un galpón para emergencias forestales en el parque nacional de Tierra del Fuego ($1.400 millones); una subcentral de incendios en El Chaltén (Santa Cruz; $2.241 millones); el muelle cabecera norte en el parque nacional Lago Puelo (Chubut; $4.717 millones) y seccionales en el parque nacional Copo (Santiago del Estero; $1.876 millones) y en Traslasierra (Córdoba; $1.485 millones).
El aliado tucumano Osvaldo Jaldo consiguió que se destinen $25.938 millones, la mayor porción del presupuesto total, para el suministro de agua potable en Tapia, San Miguel, Tafí Viejo y Villa Carmela. A raíz de los múltiples reclamos de Santa Fe, también se han destinado fondos para la conservación de la Ruta Nacional 11, con un total de $17.516 millones; la N° 33, que recibe $23.632 millones; y para el reciclaje y bacheo de la ruta 178, que cuenta con $4.593 millones. En CABA, se asignaron $1.638 millones para la remodelación y reubicación del proyecto BCG PPD.
Hace un mes, Guillermo Francos y Luis Caputo se reunieron con Sáenz, Jalil, Jaldo, Carlos Sadir (Jujuy) y el ministro de Economía de Misiones, Adolfo Safrán, para discutir, entre otros temas, las obras pendientes. Safrán mencionó que, respecto al “atraso en el cumplimiento por parte de la Nación de las obras acordadas en los convenios firmados el año pasado”, los funcionarios nacionales aclararon que “estas demoras no son resultado de una restricción de fondos, sino que se deben a cuestiones administrativas y se comprometieron a agilizar los procedimientos para cumplir con lo pactado”. El gobernador misionero Hugo Passalacqua es otro de los aliados de los libertarios.
