A menos de dos semanas de haberse aprobado el proyecto en la Legislatura, en los próximos días comenzarán las obras en Villa Soldati para la construcción de la terminal de ómnibus Dellepiane, de media y larga distancia. Desde la oposición criticaron la iniciativa y denunciaron penalmente al Gobierno porteño.
Se trata de una denuncia contra el directorio de la Corporación Buenos Aires Sur por la adjudicación de un predio de Villa Soldati a la empresa Terminales Terrestres Argentina SA para la construcción y explotación de una terminal de ómnibus de larga distancia. Los impulsores de la causa judicial, que quedó radicada en el juzgado criminal de instrucción N°41, consideran que el acto administrativo configuró los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Según explicaron, la entrega de las tierras en leasing (una cesión para siempre) no respetó la Constitución local, que establece que la Legislatura debe intervenir cuando se realiza la concesión de un servicio público por más de cinco años. Además, recordaron, el empresario beneficiado es Néstor Otero, investigado por hechos de presunta corrupción, en complicidad con el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime.
Por su parte, la legisladora Graciela Ocaña afirmó que “hubo una adjudicación directa a una empresa como Terminales Terrestres Argentina SA, cuyo dueño, Néstor Otero, estaría fuertemente involucrado en varios hechos de presunta corrupción, en complicidad con el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime”.
La exministra de Salud de la Nación cuestionó además que el predio, que la Ciudad entregó a la compañía mediante un contrato de leasing (alquiler con derecho de compra), “quedará en manos de un privado”. Y agregó: “No se trata de una concesión. La empresa pagará una cuota por la financiación durante 18 meses a la tasa más baja del mercado.
La intervención de Terminales Terrestres Argentina SA, indicaron en conjunto los legisladores, es una “privatización encubierta” del terreno sobre el cual se asentará.
Respecto de las denuncias sobre la presunta adjudicación irregular, voceros de Desarrollo Económico explicaron, como publica La Nación que “la concesión de un servicio público solamente puede ser otorgada por aquel poder del Estado que presta dicho servicio y delega la prestación del mismo en un particular, a cambio de un canon y bajo ciertos controles y compromisos de inversión”.
Y agregaron: “El Gobierno porteño no es el poder estatal que tiene bajo su competencia el tráfico interjurisdiccional; por ende, no puede concesionar su explotación. En el contrato de leasing se estableció que el único uso al que podrá ser destinado el predio es una terminal de transporte interjurisdiccional. El privado deberá obtener los permisos correspondientes, nacionales y locales, para funcionar. Si no los obtuviera, no puede darle otro destino”.
La nueva terminal funcionará en un predio de cuatro hectáreas, situado entre las avenidas Dellepiane y Perito Moreno y lldati. Fue ideada con los objetivos de desconcentrar las operaciones de Retiro -que tiene unos 1800 servicios por día- y favorecer a los vecinos del sur porteño.
