El 22 de febrero de 2012, la formación N° 3772 de la línea Sarmiento se estrelló contra la cabecera del andén de Once y causó la muerte de 51 personas. El 22 de febrero de 2020, familiares de las víctimas siguen reclamando Justicia.
De los 21 condenados en la cárcel hay solo 9, otros 7 en prisión domiciliaria y los restantes 5 en libertad.
El primer juicio oral por el caso comenzó en marzo de 2014. Fueron juzgadas 28 personas entre ex funcionarios y directivo de TBA, la empresa que tenía la concesión de la línea Sarmiento. En diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 21 acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo y otros 7 fueron absueltos.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu y Jorge Tassara entendieron que el tren funcionaba en malas condiciones que habían sido advertidas, que los fondos públicos que TBA recibía eran gastados en otras cuestiones y que el maquinista tuvo una conducción negligente. Todo eso mató a 52 personas e hirió a 789.
En mayo de 2018, la Cámara Federal de Casación confirmó 20 condenas, rebajó la mayoría de las penas que había puesto el Tribunal Oral y absolvió a un acusado. Esas condenas quedaron en condiciones de ejecutarse el 4 de octubre de 2018 cuando Casación rechazó un planteo de las defensas. Al día siguiente quedaron detenidos.
Las penas más altas las recibieron Cirigiliano y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime: 7 años de prisión. Jaime tuvo una pena única de 8 años por otras dos condenas y ya estaba preso por otras causas. Los ex directivos de TBA Marcelo Calderón y Jorge Álvarez fueron condenados a 6 años de prisión, Schiavi a 5 años y medio y el resto a penas que fueron de los 5 a los 3 años de prisión de cumplimiento efectivo. El maquinista Córdoba fue condenado a 3 años y 3 meses.
De las 20 personas que quedaron detenidas en octubre de 2018 hoy solo hay 9 en prisión. Son Cirigliano, Jaime, Schiavi, Córdoba, Álvarez, y otros cuatro ex directivos de TBA Víctor Astrella, Jorge De los Reyes, Carlos Pont Verges y Sergio Tempone. Todos están bajo el “Sistema de intervención para la reducción de índices de corruptibilidad” (IRIC) que es para detenidos con alto poder económico, que formen parte de bandas de crimen organizado o que están condenados por corrupción. Están alojados en las cárceles I y 31 de Ezeiza, excepto Córdoba que se encuentra en Marcos Paz porque no quiere estar con el resto de los condenados.
De esos 9 detenidos, 3 tienen pedido sus arrestos domiciliarios por distintos motivos. Son Schiavi, Córdoba y De los Reyes. Lo tiene que resolver el tribunal oral.
Pero ya hay otros 7 condenados bajo arresto domiciliario que les fue otorgado en distintos momentos del año pasado por motivos de salud o cuestiones humanitarias para cuidar a familiares enfermos. Quienes están cumpliendo la condena en su casa son Laura Ballesteros, Calderón, Roque Cirigliano –no es pariente del dueño de TBA–, Guillermo D´Abenigno, Carlo Michelle Ferrari, Francisco Pafumi y Antonio Suárez, todos de la empresa que manejaba el tren Sarmiento. Y en todos los casos con una pulsera electrónica que monitorea su ubicación. No todos lograron ese beneficio. Esta semana el Tribunal Oral rechazó un pedido de Jaime para continuar la detención en su casa.