El exministro de Planificación, Julio De Vido, su exsegundo Roberto Baratta y otros exfuncionarios, entre los que se encuentran Ángel Calcaterra, Marcelo Odebrecht e Ignacio Soba Rojo, fueron citados a indagatoria este viernes por orden del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. La citación se halla en el marco de la causa que investiga el presunto pago de sobornos para direccionar la adjudicación de las obras de soterramiento del tren Sarmiento.
Asimismo, el juez federal De Giorgi citó a 49 imputados que aparecieron en un listado que incluye a Jorge “Corcho” Rodríguez, sindicado como supuesto intermediario en las maniobras sospechadas, de acuerdo a lo que indicó la resolución.
Según reveló la Agencia Télam, el magistrado dijo que las pruebas en la causa “permiten sustentar el estado de sospecha instaurado en torno a los sucesos acaecidos en relación proceso licitatorio en cuestión, que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas” a entonces funcionarios públicos, según expresó el fallo.
En tanto, el juez federal citó a indagatoria a De Vido, Baratta, el también detenido exsecretario de Obras Públicas, José López y a los exministros de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros.
Por otro lado, el magistrado citó a indagatoria a integrantes de IECSA SA, Ghella SA, Odebrecht y CAESA SA, del consorcio que se adjudicó las obras.
Entre los citados están Ángel Antonio Calcaterra y Santiago Altieri (IECSA SA); Gianvincenzo Coppi y Mario Blanco (Ghella SA); Ignacio Soba Rojo (CAESA SA).
Se estima que la ronda de indagatorias arrancará el 6 de junio próximo a las 11 con De Vido y se extenderá hasta el 17 de octubre, cuando está citado ‘Corcho’ Rodríguez, imputado como supuesto “intermediario” entre los entonces funcionarios públicos y Odebrecht.
“Los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados en autos, emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la UTE contratada y se presentan, a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular” de la licitación, remarcó el juez en la resolución.
En la misma línea, advirtió que “se observa que, en lo que respecta a la obra para soterrar el Ferrocarril Sarmiento, por el momento, se ha podido distinguir que los pagos en cuestión se habrían materializado de dos maneras: 1) a través de pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes y 2) mediante transferencias que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través de su División de Operaciones Estructuradas, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore”.
De esta manera, las 49 citaciones abarcan a los exfuncionarios que “formaron parte de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal” u otras reparticiones que intervinieron “de manera sustancial en el irregular proceso licitatorio” y, además, a los “apoderados de las empresas privadas adjudicatarias” y sus responsables.
