La Corte Suprema de Justicia dispuso el jueves “la suspensión del procedimiento de ejecución” del fallo que obligaba al periodista y escritor Santiago O’Donnell a entregarle a Mariano Macri, hermano del expresidente de la Nación, las grabaciones originales de las entrevistas que le hizo para la elaboración del libro “Hermano”.
El máximo tribunal declaró “formalmente procedente el recurso de queja” presentado por O’Donnell a través de su abogado Damián Loretti, y en el mismo fallo dispuso “la suspensión del procedimiento de ejecución”, por lo que el periodista no tendrá que entregar las grabaciones, al menos en esta instancia en la que el fondo de la cuestión aún no está resuelto.
En el fallo al que pudo acceder Télam, fundamentaron: “Los argumentos expresados en el recurso extraordinario y mantenidos en la queja, podrían, prima facie, involucrar cuestiones de orden federal y eventualmente la decisión recurrida podría generar un perjuicio de imposible reparación ulterior, por lo que la queja es procedente, sin que esto implique pronunciamiento sobre el fondo del asunto”.
Por su parte, el periodista O´Donnell indicó: “Siento un gran alivio y agradezco la Corte por haber tomado un tema tan importante para la libertad de expresión y la defensa de las fuentes periodísticas”.
El caso llegó a la Corte después de un complejo derrotero que se inició en diciembre de 2020, cuando el hermano del expresidente Mauricio Macri interpuso un planteo ante el Juzgado Nacional de primera instancia en lo Civil N°6 en el que solicitaba las grabaciones de las entrevistas que le había hecho O’Donnell como diligencia preliminar para poder iniciar luego una demanda civil por daños y perjuicios al periodista.
En febrero del año siguiente la jueza del caso, Andrea Imatz, accedió a la petición formulada por Mariano Macri y determinó que O’Donnell debía entregar las cintas reclamadas por el hermano del exmandatario, decisión que el abogado Loretti llevó hasta la Corte Suprema de Justicia.
Con la decisión adoptada el jueves, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti determinaron que podrían haber “cuestiones de orden” en juego; como podría ser el intento de vulnerar el secreto profesional, explicaron a Télam fuentes judiciales.