En una cumbre llevada a cabo el martes junto a la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, el oficialismo y los dialoguistas decidieron reforzar el control de la Cámara alta, de cara a la sesión preparatoria programada para el lunes 24 de febrero. De este modo, el kirchnerismo se verá relegado y únicamente mantendrá la vicepresidencia del Cuerpo, a pesar de que desde la próxima sesión añadirá un nuevo escaño, quedando con 34 miembros, a tres del quórum y de la mayoría propia.
Durante la reunión, los líderes de las bancadas oficialistas y dialoguistas confirmaron su intención de mantener a todas las autoridades, salvo la ya anunciada sustitución de la secretaria administrativa del Senado, María Laura Izzo. Este puesto es vital para la Cámara alta y representa su esencia. En su lugar, asumirá el cordobés Emilio Viramonte, quien ha estado asesorando a Villarruel durante un tiempo.
Salvo esta modificación, se prevé que el 24 de febrero se confirme la continuidad del presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis). Mientras tanto, la vicepresidencia permanecerá bajo el kirchnerismo, actualmente ocupada por Silvia Sapag (Neuquén), a menos que la bancada decida proponer a otro legislador. Además, la radical Carolina Losada (Santa Fe) mantendrá la primera vicepresidencia, y la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba) se quedará con la segunda vicepresidencia. Un rol igualmente importante será el del secretario parlamentario, Agustín Giustinian, quien fue una figura clave el año pasado, junto a su equipo, en la gestión legislativa.
En la reunión, los grupos del oficialismo y los dialoguistas evocaron las antiguas prácticas y defectos del kirchnerismo en el Senado, sugiriendo el “riesgo” que implicaría perder el dominio de la Cámara alta. Este contexto llevó a formalizar el pacto, dejando al Frente de Todos (FdT) en una situación similar a la del 13 de diciembre de 2023, cuando se eligieron las autoridades sin el respaldo de los votos cristinistas.
Representado por Villarruel, Abdala y el líder libertario en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy), el oficialismo obtuvo el apoyo del radicalismo, cuya delegación incluyó a Mariana Juri (Mendoza) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego); del Pro, con sus nuevos líderes, Alfredo De Ángeli (Entre Ríos) y Martín Goerling (Misiones); de Provincias Unidas (el correntino Carlos Espínola), y de diversos provinciales como Mónica Silva (Río Negro), Carlos Arce (Misiones) y Natalia Gadano (Santa Cruz), entre otros.
El grupo de los 39, establecido el 13 de diciembre de 2023 para seleccionar a las autoridades al inicio de la gestión de Villarruel, se redujo a 37 tras la expulsión del peronista disidente Edgardo Kueider (Entre Ríos), quien fue detenido en Paraguay con más de USD 200.000 sin declarar; además, por la licencia hasta marzo del radical Víctor Zimmerman, quien ocupa un cargo en Chaco. De hecho, hay especulaciones desde hace semanas sobre su posible regreso para evitar depender del quórum y tener una mayoría ajustada -sin ausencias ni enfermedades- frente al kirchnerismo, que se verá reducido a 34 miembros con la asunción en la próxima sesión de la camporista Stefanía Cora, quien reemplazará a Kueider.
La reunión del martes también fue crucial para definir el tema más relevante que enfrenta el Gobierno en las actuales sesiones extraordinarias: la suspensión de las PASO. En este contexto, y aunque los votos para aprobar el proyecto aún no están garantizados -el texto requiere 37, la mayoría absoluta del Senado y Villarruel no puede desempatar-, la iniciativa avanzará mañana en la comisión de Asuntos Constitucionales, que comenzará a analizar la ley a las 15.
Que el proyecto reciba el despacho correspondiente no garantiza que la suspensión de las PASO logre la mayoría. Lo esencial es que la suma de firmas alcance la mitad más uno de la comisión de Asuntos Constitucionales. Sobre esto, los dialoguistas han mostrado su compromiso de cara al día de mañana. A partir de ahí, el Gobierno deberá esforzarse al máximo y asegurar el apoyo de 37 personas para lograr el quórum en la sesión programada para el 20 de febrero, cifra mínima también para la votación de la ley.