Gobierno oficializó este jueves la ley de reforma de la ex SIDE que fue aprobada el jueves pasado en la Cámara de Diputados, a pesar de las fuertes críticas de la oposición.
La norma 17126, que fue publicada en el Boletín Oficial, prevé la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) y su reemplazo por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Todo el personal de la SI pasará a la AFI, pero el actual secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, tiene la facultad de jubilar a los agentes que cumplan con los años de aportes necesarios, es decir, a los que trabajan en el organismo desde la dictadura.
La ley establece además que la Dirección de Observaciones Judiciales, la dependencia encargada de hacer las escuchas telefónicas, pasará al ámbito de la Procuración General de la Nación. Este punto fue el que más rechazo generó la oposición, enfrentada con la procuradora, Alejandra Gils Carbó , a la que acusan de responder al Gobierno.
Se propone además transparentar los gastos de la AFI, salvo aquellos destinados a tareas de inteligencia, y la fijación de límites claros para la realización de investigaciones criminales por parte de los agentes de inteligencia, un punto reclamado por el Centro de Estudios Legales y Sociales. La ONG presidida por Horacio Verbitsky fue crítica del texto original, pero después se mostró conforme con los cambios.
Las tareas de control seguirán a cargo de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, un cuerpo que sólo se reunió dos veces en 2014. Si bien la iniciativa indica que se reforzarán los mecanismos de transparencia, el control sigue teniendo una traba concreta: un decreto de 2002 que determina que el Poder Ejecutivo decide qué información le entrega a la comisión y cuál no.
Además, se limita la autonomía de la que gozaban los agentes de inteligencia. La nueva ley indica que las autoridades políticas del organismo serán las únicas autorizadas para interactuar con el Poder Judicial y con policías y servicios de inteligencia provinciales.
Menos discutida resulta la decisión de acotar las facultades investigativas de los agentes de inteligencia. Hasta ahora podían intervenir en investigaciones criminales a pedido de un juez o de un fiscal. Eso favorecía, según lo definió el CELS, una “relación promiscua” entre agentes de inteligencia, jueces y fiscales
