La Fundación Apolo se presentó como querellante en la causa del Olivosgate, solicitando que el juez Mirabelli rechace la pretensión presidencial de Alberto Fernández, de cerrar este proceso judicial a cambio de un aporte económico. La presentación está firmada por el presidente de Fundación Apolo, Antonio Fratamico y por Yamil Santoro, apoderado de la mencionada ONG, ambos con el patrocinio del Juan Pablo Pane.
Asimismo, solicitaron al magistrado que, en caso de no tenerla por querellante, la incorpore a la causa como amigo del tribunal (“Amicus Curiae”) y rechace la pretensión presidencial de suspender el juicio, sobre la base de los fundamentos aportados en el escrito.
Al respecto, Santoro afirmó que “el instituto de la reparación integral que intenta aprovechar el Presidente, contenida en el artículo 59 inciso 6 del código penal, está pensado para delitos de baja monta o donde hay un daño cierto. Usarlo para un caso como este implica reescribir al derecho penal, querría decir que la corrupción presidencial tiene precio de impunidad. Es clara la intención: sacar al presidente por la ventana de este proceso y así consagrar otra injusticia más. No debemos tolerarlo”.
Cabe recordar que Fernández ofreció abonar la suma de 1.600.000 pesos a modo de “reparación” y de esa forma cerrar la causa que se le abrió al comprobarse que había festejado en la Quinta de Olivos y con un grupo de amigos el cumpleaños de su mujer, Fabiola Yáñez, el 14 de julio de 2020, en plena cuarentena estricta.
“El propio Poder Ejecutivo, aunque en otro período presidencial, dictó el Decreto 41/99 que establece el Código de Ética de la Función Pública, en el que figura el principio de prudencia: ‘El ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores’ (art. 9° del Código de Ética de la Función Pública)”, explicaron desde Apolo.
En ese sentido, añadieron que “vulnera este principio que el Presidente desee frenar con dinero un juicio de las características del presente, donde se pretende investigar la conducta de un funcionario que es el primer magistrado de la Nación, y a quien se acusa de haber vulnerado normas de emergencia por él mismo dictadas, supuestamente para evitar la propagación de una epidemia”.
El artículo 13 del Código de Ética de la Función Pública, prosiguieron, “consagra el principio de responsabilidad: ‘El funcionario público debe hacer un esfuerzo honesto para cumplir con sus deberes. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupa un funcionario público, mayor es su responsabilidad para el cumplimiento de las disposiciones de este Código’. Es decir, no es lo mismo cualquier funcionario, que un ciudadano común, y mucho menos es equiparable la situación de un ciudadano común a la de un Presidente de la Nación”.
Por otra parte, desde la fundación refirieron que “el fin de la ética pública es evitar que las inconductas de los funcionarios generen descrédito en la ciudadanía respecto de las instituciones republicanas y democráticas. Si dicho descrédito se produce, la reparación debe ser una condena pública precedida de un debate público. Lo contrario a esto, es el oscuro acuerdo de dinero que se ha solicitado” al juez Maribelli, “para suspender el juicio”.
Finalmente, manifestaron que “el delito en cuestión no sólo es susceptible de provocar el daño que ocasiona cualquier ciudadano que lo comete, sino que importa -cuando quien lo comete es funcionario- una lesión a la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad de su país. Tal como lo sostiene la Convención Interamericana contra la Corrupción, ‘la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos’.”
.