En el marco de un amparo colectivo presentado por la titular de la Defensoría CAyT N°3, María Lorena González Castro Feijoo, la justicia de la Ciudad le ordenó cautelarmente a la Secretaría de Integración Social y Urbana (SecISyU) del Gobierno porteño que arbitre los medios necesarios para la inmediata solución de las deficiencias que presentan las nuevas viviendas construidas en el Sector “Cristo Obrero” del Barrio “Padre Carlos Mugica” y que ponen en peligro a sus habitantes.
El complejo “Conteinera”, al que pertenecen estas edificaciones, se construyó a fin de relocalizar a más de ciento cincuenta familias de la ex villa 31 cuyos hogares resultaron afectados por las obras de la nueva traza de la Autopista Illia. La demanda presentada por la Defensora representa los intereses colectivos de todos sus habitantes y busca resolver por vía judicial los problemas edilicios y de equipamiento que no se han podido solucionar luego de casi tres años de gestiones extrajudiciales. Problemas vinculados, por ejemplo, con cerraduras, cerramientos, filtraciones y artefactos defectuosos, así como también con el espacio público, la limpieza y los servicios.
A raíz del trabajo en conjunto de la Secretaría Letrada de Derecho al Hábitat 3 y de la Dirección de Asistencia Técnica del Ministerio Público de la Defensa, que relevaron las condiciones tanto de los departamentos en particular como de los edificios en general y que acompañaron a los vecinos y vecinas en sus reclamos, pudieron constatarse diversos aspectos edilicios que representan un peligro para la integridad física de los habitantes del complejo, así como para quienes circulan por el área.
En razón de ello, la titular del Juzgado N° 1 del Fuero, Romina Tesone, ordenó a la SecISyU que resuelva de inmediato la situación. Dispuso, en particular, que deberá solucionar la instalación precaria de un poste de tendido eléctrico de 380 volt, además de ocuparse de la colocación de matafuegos en todos los núcleos verticales y la corrección de los anclajes de barandas de los balcones que se detectaron insuficientes.
“Se halla acreditado el humo de buen derecho requerido respecto de los riesgos a los que se enfrentan los habitantes del complejo habitacional y quienes circulan por el área”, afirmó la magistrada, para luego señalar: “En tal contexto, la demandada no podría desatenderse de toda actividad tendiente a resguardar la vida de aquéllos puesto que la Administración debe cumplir al menos con los requerimientos mínimos a fin de garantizar la seguridad de la población”.
Cabe destacar que la Defensoría en lo CAyT N° 3 viene participando del proceso de reurbanización iniciado por la SECISyU desde hace tres años, intermediando para obtener soluciones consensuadas y ajustadas a derecho. A la fecha, se han librado más de 220 oficios y se resolvieron más de 180 casos, conflictos y consultas.
A su vez, el trabajo de seguimiento y relevamiento que realiza el Ministerio Público de la Defensa se repite en la actualidad con las relocalizaciones que está llevando a cabo la SecISyU en el sector de Bajo Autopista, donde la población es aún mayor y se han detectado problemas similares. En este sentido, se han realizado ya las primeras mudanzas y, en base a un trabajo articulado entre la Defensoría N° 3, la Secretaría Letrada de Derecho al Hábitat 3 y la Dirección de Orientación al Habitante, se están acompañando los reclamos de quienes no reciben una respuesta satisfactoria.