La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n.° 12, Alejandra Petrella, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que respecto de los cuatro hospitales monovalentes proceda a: “a.-Informar al Juzgado en un plazo de dos días cantidad de pacientes y/o profesionales, presuntamente contagiados de COVID 19, indicando sus datos filiatorios; y las medidas que se hubieren tomado para prevenir y/o mitigar los contagios; b.-En idéntico plazo, informe la fecha en la cual comenzarán a funcionar las UTAS, y capacidad operativa de las mismas (…). c.-Proceda a realizar testeos masivos e informe al tribunal el resultado de los mismo”.
La jueza subrayó que “la situación denunciada, sumada a que al momento del dictado de esta nueva medida no se ha dado cumplimiento a la anterior, me inclinan por hacer lugar al requerimiento del OR, que también acompaña la Asesora Tutelar en su presentación”.
Además, ponderó que “la propia demandada es la que reconoce en la contestación al requerimiento que le formulara el Juzgado que existe una cantidad de contagiados que detalla e identifica por servicio, reconociendo que está adoptando ciertas medidas, las que aparecen, en principio, incompletas». «Si bien la demandada admite los contagios, las medidas que señala se estarían llevando adelante, no pueden admitir dilaciones”, completó.
Por ello, instó al GCBA a que “adopte las medidas necesarias para evitar que sigan multiplicándose los contagios, o propagándose en los otros monovalentes”. Y destacó que “el pedido se basa en la realidad surgida a partir de las inspecciones realizadas por el OR (…) que arrojaron como resultado la toma de conocimiento respecto a una serie de contagios que podrían propagarse, así como en lo aportado por la Asesoría Tutelar”.
La magistrada recordó que “hablamos de una población vulnerable, de pacientes ya contagiados y de la posibilidad real de que éstos a su vez contagien a otros, lo cual generaría un peligro a la salud de quienes están en el hospital en su conjunto”.
Añadió que “sus patologías algunas veces cursan con enfermedades concomitantes y además muchos de ellos son fumadores o están en la franja etaria de riesgo”. Sin perjuicio de ello, agregó que “existe unanimidad en punto a los testeos focalizados en poblaciones vulnerables a fin de ampliar la capacidad de diagnóstico y así conocer más sobre incidencia del virus en la comunidad en la que se testea y contribuir a evaluar el cuadro de situación que permita tomar las medidas de mitigación que correspondan, dado que llevar adelante una política de testeo focalizado en las poblaciones donde el virus puede hacer más daño, es clave para su combate”.
Por último, Petrella advirtió que “resulta de vital importancia que la demandada indique concretamente la fecha en la cual contará con una UTA en el predio del Hospital Borda y la capacidad operativa de la misma, como así también en los restantes hospitales monovalentes de salud mental a su cargo”.
El 14 de mayo, la magistrada dictó la medida cautelar requerida, por la cual ordenó al GCBA que “en el plazo de tres días: arbitre los medios a fin de dotar a todas las personas internadas en los hospitales psiquiátricos monovalentes de la CABA (Hospital Borda, Moyano, Alvear y Tobar García) de equipos de protección personal que correspondan, barbijos y/o cubre bocas, así como todo insumo necesario de cuidado y prevención del contagio del COVID19; provea a los citados hospitales de elementos de higiene y seguridad (…) tanto en servicios cuanto en pabellones y consultorios externos, así como del resto de los elementos que los protocolos de salud vigentes indiquen”.
El 19 de mayo, el CELS denunció que “la respuesta brindada por la demandada resultaba incompleta ya que no se ajustaba a lo requerido por el Tribunal y señaló que la noticia del contagio en el Hospital ‘Dr. José T. Borda’ trascendió públicamente y diversos medios de comunicación hicieron mención de ello. Sostuvo que -según su entender- ya no existía incertidumbre sobre la presencia de casos de COVID-19 en el Borda por lo que solicitó que se intimara al GCBA a brindar adecuadamente la información”. El 20 de mayo se ordenó un oficio a fin de que «el GCBA informara si en el Hospital ‘Dr. José T. Borda’ se ha confirmado algún caso positivo de COVID-19 y se le requirió que, para el caso de que la respuesta sea afirmativa, informara nombre, apellido y número de DNI y las medidas adoptadas en relación con dicho paciente, como así también al personal y las demás personas internadas». Ese mismo día, se presentó el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental (órgano formado por el Ministerio de Salud de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Ministerio Público de la Defensa, asociaciones de familiares de usuarios del sistema de salud, profesionales y trabajadores del área, y organismos no gubernamentales) y solicitó la ampliación de la medida otorgada. Hoy realizó una nueva presentación, dio cuenta de nuevos posibles casos y solicitó la extensión de las medidas a los cuatro hospitales.
La información fue dada a conocer por iJudicial.