Mariano Bruera, el hermano del exintendente de la localidad platense se entregó en la madrugada de este viernes. El motivo de por el cual se lo imputó fue por integrar una asociación ilícita que pedía dinero para habilitar lotes destinados al plan ProCreAr.
En este caso, la medida fue dictada por el juez de Garantías, Pablo Raele, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia anule el fallo anterior dictado por la sala de Feria de Casación que hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la defensa, dejándolo en libertad
Por otra parte, también fueron imputados por “exacciones ilícitas y cohecho pasivo” el ex secretario de Gestión Pública, Enrique Sette y Roberto Moreno, todos los que habían sido beneficiados por la Sala de Casación; y al ex director General de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró, por “delito de asociación ilícita”, al igual que Bruera.
La causa contra el hermano de comenzó cuando Guillermo Andreau, un vecino y empresario, denunció que funcionarios del gobierno municipal le pidieron, en 2014, 200.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del Pro.Cre.Ar.
Según la investigación del fiscal Jorge Paolini, los terrenos de Andreu eran considerados como “reserva urbana” y por lo tanto se impedía el loteo en parcelas más pequeñas. Sin embargo, según el Código de Ordenamiento Urbano (COU), contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se pueden dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que Andreau recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio los dólares.