El vocero presidencial Manuel Adorni arrancó su habitual conferencia el 25 de enero pasado con un anuncio fuerte en materia judicial: que el ministro de Justicia iba a sugerir al procurador Eduardo Casal la creación de una “fiscalía especial” que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos.
Fue el anuncio fuerte de aquella mañana. Sin embargo, tres semanas después, la propuesta del gobierno de Javier Milei cayó en saco roto.
El pedido fue formalizado por el ministro de Justicia a Casal, pero tuvo la misma suerte que la Ley Ómnibus.
Casa Rosada, 25 de enero de 2024.
Conferencia de prensa del Vocero Presidencial. pic.twitter.com/5zc8Nc1edo— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) January 25, 2024
Se lo hizo saber mediante una nota en la que buscó ponerlo en conocimiento de que la función de la Fiscalía propuesta “importaría alterar las funciones que expresamente la ley le asigna a los magistrados de este Ministerio Público”. Ello en su condición de titulares de la acción penal, con lo cual habría que hacer una modificación de la legislación vigente.
De acuerdo a una síntesis publicada en Fiscales.gob.ar, Casal también manifestó que las facultades que pretendía el Ejecutivo para la nueva Fiscalía “son iguales a las que, en sustancia, corresponden actualmente en la investigación de los hechos de corrupción”.
Y enumeró a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que interviene en casos en los que se investigue a un miembro de la Administración Pública Nacional y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que es convocada cuando el sujeto activo es miembro del Poder Legislativo Nacional, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa o se trate de un caso de soborno trasnacional.
Casal defenció a la PIA y la Procelac
Sobre ese marco, el procurador interino y jefe de los fiscales defendió el trabajo de esos organismos, ya que “vienen cumpliendo las funciones y objetivos allí propuestos”.
Con el rechazo de Casal, la iniciativa oficial perdió fuerza. En términos judiciales, el gobierno sumó un nuevo revés a su ánimo propositivo, aunque vale preguntarse si en verdad fue una propuesta genuina -pese a que en el mundo judicial era sabido que se trataba de algo existente- o si fue un mensaje encubierto.
Hubo quienes en un primer momento lo interpretaron de la última manera.
Lo que a muchos integrantes de esas filas también les llamó y le llama la atención es la actitud de Cúneo Libarona de avanzar con una propuesta de tal calibre cuando se supone que por su trayectoria como abogado penalista debería haberlo sabido. A la luz de los hechos, entonces, todo indica que la teoría del mensaje o apriete a los gobernadores fue el telón de fondo de la frustrada propuesta.