Luego del Banco Nación, ha llegado el turno de la estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) para comenzar los preparativos previos a la privatización que Javier Milei tiene en mente. Con el objetivo de venderla a uno o varios inversionistas privados, el Gobierno ha convertido el complejo minero en una Sociedad Anónima, siguiendo los pasos dados la semana pasada con el banco público.
YCRT se posiciona como una de las nueve entidades estatales que el gobierno logró, con notables dificultades, incorporar en la Ley de Bases como organizaciones públicas susceptibles de privatización o concesión.
La decisión se formalizó mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 115/2025, el cual fue firmado el domingo por el Presidente. Este decreto fue elaborado por Diego Chaher, quien es responsable de preparar las empresas estatales para su futura venta, y ocupa el cargo de titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
“Establécese que la representación de los derechos derivados de la titularidad de las acciones por parte del Estado nacional en la sociedad objeto de la presente medida será ejercida de la siguiente manera: el 95 % de la participación accionaria estará representada por la Secretaría de Energía y el 5% restante, por la Secretaría de Minería, ambas dependientes del Ministerio de Economía”, indica la normativa. De esta manera, quedará en manos de la cartera comandada por Luis Caputo la responsabilidad de tomar las decisiones necesarias para facilitar la transformación planteada.
En relación al equipo del yacimiento, se afirmó que la empresa mantendrá “una relación laboral de Derecho Privado” con su personal, por lo que los trabajadores estarán sujetos a las normativas de la Ley de Contrato de Trabajo.
Anteriormente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se aseguró de que Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, estuviera informado sobre la decisión referida al yacimiento que produce, explota, transporta y comercializa carbón desde la mitad del siglo pasado, aunque ha estado operando de manera reducida y esporádica durante los últimos años. El Gobierno prefería evitar generar un nuevo punto de discordia con el esquivo mandatario de la región Sur, cuya relación varía según la circunstancia y el tema, y de quien el oficialismo depende para la aprobación de sus iniciativas en el Congreso.
Aún no se ha determinado el momento en que se procederá con la venta, dado que hay tres grupos interesados en adquirirla; sin embargo, en el presente se comenzará con el proceso de saneamiento: presentar los balances contables de la entidad a la Inspección de Justicia, actualizar los reglamentos internos, entre otros. Se anticipa que será un camino extenso, según proyectan desde la Nación.
En este marco, el decreto establece un plazo de 60 días, prorrogable por una única vez hasta 30 días adicionales, para que la Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima presente a la Secretaría de Hacienda el presupuesto correspondiente al año en curso, “reduciendo a lo estrictamente indispensable los aportes que el Tesoro nacional deberá transferir para cubrir las necesidades financieras que no puedan ser atendidas con recursos genuinos de la sociedad”. Asimismo, contará con el mismo término para presentar un plan de inversiones que garantice el cumplimiento de su objeto social en condiciones operativas fundamentales.
YCRT se encuentra en una crisis que combina problemas estructurales, económicos y políticos. La empresa, que estuvo bajo la dirección de Aníbal Fernández durante la gestión de Alberto Fernández, incluye una mina de carbón y dos centrales de generación de energía. Desde hace varias administraciones, enfrenta una situación crítica debido a la alta superpoblación de empleados, la carencia de inversión, los problemas administrativos y las irregularidades en su gestión.
Uno de los principales desafíos que enfrenta YCRT es su elevada plantilla de empleados, lo que representa una carga laboral excesiva para una operación que no está funcionando a su máxima capacidad. Este inconveniente se remonta a la gestión de Daniel Peralta, quien firmó una serie de acuerdos con los sindicatos para evitar conflictos laborales, resultando en una acumulación de personal que ahora actúa como un obstáculo financiero. A pesar de esto, la mina sigue siendo vital para dos comunidades cercanas que dependen directamente de su actividad.
A pesar de los retos, el carbón extraído de YCRT tiene una significativa demanda en el mercado internacional, especialmente en países como China, que necesitan grandes volúmenes para sus operaciones industriales. Sin embargo, la producción actual de la mina no alcanza los niveles requeridos para satisfacer esta demanda. Se estima que China exige al menos 30.000 toneladas, mientras que YCRT, en su mejor momento, apenas podría llegar a 20.000 toneladas. Además, su ubicación geográfica, a 300 kilómetros del mar, complica la logística de exportación. El carbón debe ser trasladado desde la montaña hasta el puerto, lo que incrementa los costos y disminuye la competitividad del producto en el mercado internacional.
Antes de que se publicara el decreto, expertos locales comentaron que una alternativa viable sería implementar un plan de subsidios a largo plazo por parte del gobierno nacional, destinado a mejorar las máquinas, aumentar la producción y asegurar un ciclo productivo sostenible. Sin embargo, en la Nación descartaron esa posibilidad, que podría generar un déficit adicional. Precisamente, el objetivo mencionado por Milei al privatizar YCRT es contribuir a reducirlo.