El presidente Javier Milei no para de recibir malas noticias desde el Congreso de la Nación. Primero, este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo destinó 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Y segundo, este jueves, el Senado de la Nación acaba de aprobar la nueva movilidad jubilatoria por 61 votos a favor y 8 en contra, que sustituye al modelo vigente implementado por el Gobierno, a través de un decreto.
La votación y las repercusiones en el Senado
La sesión en la que se sancionó el proyecto comenzó con un clima de expectación y culminó con un resultado que muchos en la Casa Rosada ya daban por sentado. La votación contó con el apoyo no solo de Unión por la Patria y la UCR, sino también de los senadores del Pro y de los bloques provinciales, lo que permitió alcanzar los dos tercios necesarios para la aprobación.
Durante el debate, algunos senadores propusieron modificaciones a la iniciativa, en especial, en lo que respecta a la cláusula gatillo. En particular, los senadores radiclaes Ernesto Vischi y Víctor Zimmermann sugirieron que la compensación por la diferencia entre salarios e inflación se limitara al 25% en lugar del 50% previsto. No obstante, esta propuesta no fue aceptada por los miembros informantes, quienes insistieron en mantener el texto tal como había sido aprobado en Diputados.
En paralelo a la discusión sobre la fórmula jubilatoria, el Senado también aprobó un proyecto que establece penas de prisión para quienes entreguen o reciban ilegítimamente a personas menores de edad, una iniciativa que fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
Con 61 votos afirmativos y 8 negativos queda aprobado en general el proyecto de ley de movilidad jubilatoria pic.twitter.com/4I88ep4lwZ
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 22, 2024
Asimismo, durante su intervención, el senador Mariano Recalde (UP) defendió la iniciativa y aseguró que “el sistema previsional argentino está en crisis, producto de la situación económica del país”, y subrayó la necesidad de que el Estado “se haga cargo” de garantizar una mejora en los haberes jubilatorios. En un tono enfático, sostuvo que aprobar la nueva fórmula era “un acto de justicia y reparación”, y recordó que “en 2015, un jubilado podía comprar 49 kilos de asado, mientras que hoy apenas puede adquirir 29”.
Por su parte, Martín Lousteau (UCR) destacó que la fórmula propuesta busca ajustar las jubilaciones de forma mensual en función de la inflación, para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. El radical recordó que, desde 2017, las jubilaciones y pensiones han sufrido una merma del 45% en términos reales, una situación que, a su juicio, se pretende revertir con esta nueva legislación.
Sin embargo, el exministro de Economía también señaló que, si bien coincidía en la necesidad de reformar el sistema, no podía dejar de mencionar que uno de los principales problemas que desarticuló el sistema previsional fue la privatización de los fondos de pensiones, decisión que, según él, “fue impulsada por el peronismo durante la década liberal”.
Cláusula gatillo y ajustes retroactivos: los puntos claves de la ley
Uno de los aspectos más controvertidos de la ley aprobada es la incorporación de una “cláusula gatillo” que se activará anualmente en caso de que los salarios superen a la inflación. En concreto, se establece que los jubilados recibirán el 50% de la diferencia entre la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medida que busca garantizar que los haberes jubilatorios no queden rezagados en contextos de crecimiento económico.
Otra de las novedades es la actualización mensual de las jubilaciones, que se realizará en base al último dato disponible del IPC. Esta fórmula sustituye al ajuste trimestral que estaba vigente, con la intención de reflejar de manera más inmediata las variaciones inflacionarias. Además, se prevé una compensación del 8,1% para cubrir la inflación acumulada en enero, un mes que, según denunció la oposición, no fue contemplado en el ajuste realizado por el Gobierno en abril.
Este ajuste, denominado “empalme”, fue otro de los puntos de fricción durante el debate. Según explicó Recalde, la medida busca “reparar la pérdida de poder adquisitivo que los jubilados han sufrido debido a la alta inflación”. Sin embargo, desde el Ejecutivo advierten que esta compensación tendrá un impacto fiscal significativo, estimado en 0,44% del Producto Bruto Interno (PBI) para el presente año.
La amenaza de veto y el impacto fiscal
Por su parte, el jefe de Estado fue categórico en su rechazo a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. A través de sus redes sociales y voceros, el libertario adelantó que, de convertirse en ley, la vetará de manera inmediata, y argumentó que “atenta contra el equilibrio fiscal”, un pilar central de su plan económico.
A su vez, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, también expresó su preocupación durante una audiencia en el Senado, y subrayó que el costo fiscal de la ley podría llevar a un déficit significativo en las cuentas públicas. El funcionario advirtió que el impacto de la nueva fórmula jubilatoria, sumado a la caducidad de impuestos clave como el PAIS, pondrá en jaque el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal en 2025. “Estamos hablando de un gasto adicional de 1 punto del PBI en 2024 y de 1,2 puntos en 2025″, explicó, quien además destacó que la situación se agrava debido a la falta de acceso a financiamiento externo.
El Gobierno, en tanto, ratificó su intención de vetar cualquier medida que, a su juicio, comprometa la estabilidad económica del país. En el mismo sentido, el vocero presidencial Manuel Adorni fue contundente al afirmar que “todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal se va, por supuesto, a vetar”.
El futuro de la ley y las jubilaciones en la Argentina
Con la aprobación en el Senado, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria queda ahora en manos del Poder Ejecutivo, que deberá decidir si promulga la ley o la veta, como ya adelantó el presidente. Si opta por el veto, el proyecto volverá a la Cámara de Diputados, donde los legisladores nacionales tendrán la posibilidad de insistir con la redacción original, siempre y cuando logren los dos tercios de los votos tanto en Diputados como en el Senado.
En caso de que se logre superar el veto presidencial, el Ejecutivo estaría obligado a promulgar la ley sin posibilidad de un segundo veto. Sin embargo, si no se alcanzan los votos necesarios, la ley quedará archivada y no podrá ser tratada nuevamente durante el presente año legislativo.
Mientras tanto, los jubilados continúan enfrentando la incertidumbre sobre el futuro de sus haberes. En agosto de 2024, la jubilación mínima aumentó un 4,6% en línea con la inflación de junio, alcanzando los $225.540,61, cifra que se complementó con un bono de $70.000, llevando el haber total a $295.540,61. A pesar de este incremento, los jubilados sufrieron una caída real en sus ingresos en comparación con años anteriores.
Cabe destacar que, con la nueva ley, el haber mínimo no podrá ser inferior al 1,09 de la Canasta Básica Total (CBT) para un adulto equivalente, lo que en julio de 2024 representaba $317.704,48. Esta medida busca garantizar que los jubilados no queden por debajo de la línea de pobreza.
