La justicia porteña consideró válidos los argumentos brindados por las distintas asociaciones de sordomudos quienes, acompañadas por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, solicitaron que se declare nulo todo acto orientado a cambiar el destino histórico y el uso educativo del Palacio Ceci, y exigen que el edificio esté destinado con exclusividad a la escuela Ayrolo.
En su sentencia, la Sala III en lo CATyRC remarca que el GCBA nunca explicó por qué el edificio fue traspasado de la órbita de Educación a la de Administración de Bienes, y que permanentemente brindó “confusas respuestas” cuando se le consultó sobre el destino que se le daría al Palacio Ceci.
Las respuestas evasivas se deben a que la intención del GCBA es transformar al Palacio en la sede de Distrito del Vino.
En Agosto de 2022, la Asociación Argentina de Sordos, la Confederación Argentina de Sordomudos, la Asociación Argentina de Sordas y la Unión Argentina de Sordomudos, acompañadas por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y patrocinados por el abogado Jonatan Baldiviezo, presentaron un amparo ante la Justicia porteña para que el Palacio Ceci, situado en Villa Devoto, permanezca como sede de la escuela para niños y niñas con discapacidad auditiva, y no sea destinado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al plan oficial del Distrito del Vino.
La presentación solicitó que “se declare la nulidad de todo acto administrativo o de la administración orientado a cambiar el destino histórico y el uso educativo del Palacio Ceci y que el edificio esté destinado con exclusividad a la escuela Ayrolo”, debido a que, a comienzos de 2022, este inmueble dejó de pertenecer a la órbita del Ministerio de Educación y pasó a la Dirección de Administración de Bienes del Estado.
En la presentación judicial, los demandantes indican que el acta de transferencia del edificio de una dependencia a otra “implicó el inicio del cambio de destino y uso dado al inmueble”, dado que “de lo educativo pasó al desarrollo económico dentro del marco de un distrito productivo”.
“El artículo 63 de la Constitución de la Ciudad establece la convocatoria a audiencia pública obligatoria antes de modificaciones de uso o dominio de bienes públicos”, advirtieron, al denunciar la ausencia de esta instancia de participación ciudadana en el caso del Palacio Ceci.
Tras un primer rechazo “in limine”, esta semana la justicia ordenó reabrir el amparo judicial por el Palacio Ceci. En su sentencia, la justicia remarca que el GCBA nunca explicó por qué el edificio fue traspasado de la órbita de Educación a la de Administración de Bienes, que permanentemente brindó “confusas respuestas” cuando se le consultó sobre el destino que se le daría al Palacio Ceci.
Entre los argumentos judiciales se destaca que: “No surge cuál fue la motivación para el cambio de titularidad del inmueble. No se explica, por ejemplo, cuál fue la razón por la que la licitación pública no podía ser llevada a cabo estando el palacio en la órbita de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal o cuál era la conveniencia de pasarlo a la Dirección General de Administración de Bienes”.
Y continúa: “Habiendo sido oficiado para que informara acerca del destino que se le daría al Palacio Ceci, el GCBA se limitó a responder: ‘Resulta oportuno remarcar lo expuesto, toda vez que el requerimiento objeto de estos actuados solicita conocer dónde cursarán los/as estudiantes luego de las reformas que se estarían realizando actualmente en el citado palacio, y ello en nada alcanza al establecimiento educativo, el que desde hace años – como se señalara antes – funciona en el inmueble sito en la calle Av. Lincoln 4305 de esta Ciudad, desarrollando sus actividades escolares propias’ (cf.nota 37055807/22 adjunta a la act. 2942968/22).De ello se sigue que el cuestionamiento que efectúan los actores no resulta meramente conjetural, sino que encuentra respaldo en conductas de la Administración, y en su confusa respuesta”.