El Gobierno nacional parece haber tomado nota del revuelo que se generó con el acuerdo objetado en la Justicia con la empresa Correo Argentino S.A, propiedad de la familia del presidente Mauricio Macri.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad informaron una serie de medidas que adoptarán en el expediente judicial en el cual se tramita el concurso preventivo de la compañía que manejó el servicio postal hasta 2001 y otras de índole política.
“Vamos a solicitar una audiencia con carácter urgente para pedir que la cámara aborde de manera integral esta problemática y que incluya los juicios que le ha hecho la empresa al Estado”, introdujo Peña.
Y agregó: “Además se solicitará un veredicto técnico a la Auditoría General de la Nación antes de suscribir una postura definitiva”.
Por su parte, el presidente de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto, confirmó que el organismo no intervendrá en el conflicto originado por el principio de acuerdo entre el Gobierno y el Correo Central.
Aguad, responsable del área de Gobierno que firmó el acuerdo que fue objetado por la fiscal de Cámara Gabriela Boquín, aclaró: “Jamás consulté este tema con el presidente, tiene vedado por ley interesarse en alguna cuestión que involucre a algún familiar”. “El presidente nunca se interesó en el tema y lo único que pidió es que tratáramos de solucionarlo con los tres poderes del Estado”, agregó.
El Gobierno de Cambiemos cerró un entendimiento con la empresa que administró el Correo hasta 2001, propiedad de Franco Macri, para saldar una deuda que fue concursada. La Fiscal General objetó el entendimiento porque considera que se trata de una “licuación” de la deuda y no un acuerdo razonable.
El Jefe de Gabinete responsabilizó al kirchnerismo por no haber cerrado el conflicto: “Si hubo un perjuicio para el Estado tiene que ver con no haber resuelto el tema en 12 años. Queremos que la Auditoría opine sobre ese acuerdo integral”.
Pese a las repercusiones que generó el dictamen, los funcionarios coincidieron en señalar que “no se trata de un problema político” sino de índole “técnico, judicial”. Sin embargo, el Jefe de Ministros ató la polémica al año electoral. “Tenemos absoluta y plena convicción de la transparencia de lo que se está hablando”, suscribió.
