En el marco del debate instalado por la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la “reforma del sistema de salud privado”, la crisis en el sector se agiganta en plena pandemia del coronavirus. Los empresarios apuntaron al Gobierno por el “dramático desfinanciamiento” y ofrecieron paritaria cero a los trabajadores que decidieron avanzar en medidas de fuerza, por lo que los prestadores de Salud privada suspenden atenciones programadas no urgentes.
E tanto, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación dictó la conciliación obligatoria para los gremios y empresarios de la salud, en el marco del conflicto generado por la discusión paritaria 2021. De esta manera, deberán levantar los paros y la suspensión de atenciones programadas no urgentes que habían anunciado para este jueves y viernes.
La cartera que encabeza Claudio Moroni intimó a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) a “dejar sin efecto toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual”.
Asimismo, exigió a las cámaras empresariales “abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por las organizaciones sindicales y/o con cualquier otra persona”.
El documento, además, solicita a las partes “mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de las empresas involucradas”.
La conciliación obliga a las partes a negociar durante 15 días: durante este período no pueden tomar medidas que afecten a las negociaciones. El plazo puede extenderse por cinco días más. En ese sentido, se convocó a una audiencia para el próximo miércoles 7 de julio a las 13 en Ministerio de Trabajo.
Minutos después de que se dictara la conciliación obligatoria, la Federación Argentina de Prestadoras de Salud (FAPS) publicó un comunicado de prensa en el que confirma que deja sin efecto las medidas de fuerza anunciadas para este jueves y viernes.
“Es muy importante que el Gobierno haya tomado nota del conflicto y busque las soluciones necesarias para lograr un acuerdo. Pero este conflicto no se soluciona solamente entre la FAPS y los trabajadores. Si los financiadores no garantizan una actualización de los aranceles, será imposible avanzar en una solución”, sostuvieron desde la FAPS.
La Federación informó que, si bien respetará la conciliación obligatoria, espera recibir una respuesta “concreta y positiva” de parte del Gobierno y de los financiadores para avanzar en una solución sostenible en el tiempo. “Como prestadores de salud, nuestra prioridad es la vida de las personas, nuestros equipos de salud y el futuro de las instituciones que representamos. Por eso, nos fue muy difícil tener que anunciar una suspensión de los servicios por 48 horas. Pero ahora acatamos la decisión del Ministerio de Trabajo, por lo que la prestación será normal el jueves 1 y viernes 2″, concluyó.
El Sindicato de Sanidad había anunciado paros de cuatro horas por turno, en coincidencia con la disposición de suspender las atenciones programadas no urgentes para este jueves y viernes por parte de empresas prestadoras de salud. Con la resolución del Ministerio de Trabajo, se deben levantar ambas medidas.
La protesta había sido decidida durante un encuentro por Zoom de la FAPS, con el apoyo de unas 600 empresas de todo el país ante “el dramático desfinanciamiento que afecta al sistema de salud y frente a la discusión paritaria 2021″.
No es casual que coincidan los reclamos de empresarios y sindicalistas: desde ambos sectores exigen que se actualicen los valores del sistema de salud. Las cámaras destacaron que el aumento salarial superior al 40% que pide el gremio es justo, pero el líder sindical Carlos West Ocampo dijo que “la medicina privada tiene que aumentar sus valores, que se mantienen igual desde 2019″.
Durante el Zoom, los representantes de la FAPS insistieron en la “gran preocupación” del sector ante “la falta de financiamiento necesario para poder afrontar los nuevos aumentos salariales en el marco de las paritarias 2021″ y reclamaron “al Gobierno y a todos los financiadores del sistema (obras sociales, PAMI y empresas de medicina prepaga) la urgente actualización de los aranceles prestacionales”.
Jorge Cherro, integrante de la FAPS, consideró que para evitar el desfinanciamiento total del sistema “los prestadores debemos conformar un bloque fuerte y sin fisuras para negociar una importante actualización arancelaria y la necesaria reforma fiscal que venimos demandando”.
La paritaria de Sanidad para 2021 está trabada y sin avances. El sindicato subió su reclamo a una recomposición del 43% al 45%, mientras que la FAPS afirmó que “hasta que no haya solución definitiva para actualizar los aranceles, no hay manera de aumentar los salarios porque aumentan los medicamentos, los insumos importados y la mano de obra en medio de un fuerte aumento de los contagios, con terapias intensivas llenas y sistemas de ambulancias al rojo”.
La FAPS está integrada por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM), la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL), la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA), la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), la Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos (AAEG), la Asociación de Instituciones de Salud Mental de la República Argentina (AISAME), la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria (FEM) y la Asociación de Hospitales de Colectividad (AHC).