La batalla legal contra Uber no se detiene. En las últimas horas, la Fiscalía de la Ciudad hizo 13 allanamientos en las oficinas de la aplicación móvil que conecta conductores particulares con pasajeros y los domicilios de gerentes y choferes “socios” por la “violación de clausura impuesta” y por “ejercer ilegítimamente una actividad al haber excedido los límites de su registro de conducir”.
En los próximos días, el Ministerio Público porteño pedirá diez días de prisión de cumplimiento efectivo para ocho choferes imputados de “ejercer ilegítimamente una actividad al haber excedido los límites de su registro de conducir”, es decir transportar pasajeros sin tener la autorización correspondiente.
“El objetivo fue recolectar pruebas que sirvan para reforzar la reconstrucción del ilícito e identificar correctamente a los autores con el objeto de poner fin a la contravención. A su vez se les imputa a los gerentes el haber violado la clausura impuesta por la jueza Alvaro el pasado 22 de abril”, explicaron fuentes del Ministerio Público porteño.
Como se dijo, también se allanaron los inmuebles de “socios” conductores de Uber, a los que “se investiga por haber realizado actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, pero también por ejercer ilegítimamente una actividad al haber excedido los límites de su registro de conducir.
“La causa, que ya tiene más de 20 imputados, comenzó de oficio por la Unidad de Investigaciones Complejas Oeste, a cargo del fiscal de Cámara, Martín Lapadú y el fiscal Néstor Maragliano por infringir el artículo 83 del Código Contravencional, que prohíbe la utilización del espacio público con fines lucrativos”, explicaron fuentes judiciales.