El nombre, formal, suena importante y estricto: “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”. Fue presentado hace apenas diez días, en la ciudad de Bariloche, por la ministra Patricia Bullrich, impulsada (y presionada) por la promesa que había hecho en campaña el a posteriori presidente Mauricio Macri. En el acto, la acompañó más de una docena de sus pares provinciales. En la teoría, el plan casi no tenía contra y por eso la mayoría se sumó gustosa a la movida política. El protocolo, de unas siete páginas y cinco capítulos, prevé desde cómo manejarse en manifestaciones “espontáneas” o “programadas” hasta dónde debe ubicarse la prensa para cubrir esas protestas. Estipula también, claro, que las fuerzas de seguridad deben aplicarlo de modo firme pero sin excesos. Todo muy lindo hasta que, esta semana, en el primer día de marchas y piquetes en serio desde que Cambiemos se hizo cargo de la administración, la Ciudad fue otra vez un caos.
El comienzo de ese miércoles de reclamos fue casi una muestra de lo lejos que está el país de lograr una convivencia mínima. La izquierda bloqueaba bien temprano, día laboral, su esquina fetiche, Corrientes y Callao, para rechazar el protocolo. Cortaba para que no la corten con los cortes. Días atrás, militantes y dirigentes de esa misma ideología, o al menos de alguna de sus múltiples vertientes, habían dado un paso más: directamente habían ido a escrachar a la ministra Bullrich a la puerta de su casa. Un ejemplo democrático de tolerancia.
Más allá de las pompas con que se había presentado el nuevo plan de acción, no cambiaron las circunstancias: varias horas de corte, fastidio de miles de personas que querían llegar a sus trabajos, cámaras de televisión, policías entre nerviosos y hartos tratando de correr a los manifestantes, y recién cerca del mediodía, algún carril liberado por orden judicial.
El corte de la izquierda era una previa de la marcha a la que también se sumarían más tarde, junto a agrupaciones kirchneristas; la encabezaban los estatales de ATE en contra de los despidos macristas. La esquina del piquete inicial es bien conocida para la izquierda: allí se ha manifestado decenas de veces por decenas de causas. Vecinales o internacionales. Caos y minutos de TV garantizados para políticos a los que les cuesta validar tanto entusiasmo en las urnas.
Curiosamente, ya para primera hora de la tarde, cuando el centro estaba literalmente paralizado, ahora sí por la masiva marcha que acompañaría la huelga, desde la Nación hablaban del éxito del protocolo. ¿Y los piquetes de la mañana? “Esos corresponden a la Ciudad”, contestaban, reglamentaristas, desde la Nación. Quienes lo decían convencidos, claro, ya no eran kirchneristas que se negaban a traspasarle la Policía Federal al intendente Macri y le sugerían que use a su moderna Metropolitana para disipar a los díscolos. Los que hablaban desde la Casa Rosada eran macristas, igual que los receptores del pase de facturas.
La letra chica del protocolo avala a la Nación. Allí se estipula la intervención de las fuerzas de seguridad locales para piquetes locales. Por eso en la Rosada se hacían los que habían cumplido con la promesa: las protestas no habían interrumpido el tránsito en rutas o autopistas. Pero más allá de la teoría, cabe preguntarse: ¿el Gobierno nacional no debió asistir de alguna manera a la Ciudad en el debut del protocolo? ¿No se suponía que ese parentesco partidario ayudaría a una mejor gestión porteña? ¿Y el trabajo en equipo que prometía el Pro?
Si se analiza con mayor profundidad el tema, quizá lo que haya es una distancia abismal entre las buenas intenciones que pueda tener el protocolo –a nadie en su sano juicio le puede contentar convivir con un tránsito inesperada y reiteradamente cortado– con la realidad en la que debe aplicarse.
Por estos días, se da una paradoja política, que en realidad viene a confirmar una tendencia de los últimos años: la mayoría de los cortes en la Ciudad lo protagonizan vecinos sin identificación política, por problemas cotidianos como la falta de luz. Y esta realidad lleva a otra paradoja: muchos de los votantes de Macri que seguramente rechazan los piquetes políticos o sindicales terminan mimetizándose con su propia versión barrial de los bloqueos. ¿Se justifica un corte por falta de luz y no otro por despidos en el Estado? ¿El protocolo debe aplicarse a un dirigente sindical o de un movimiento social pero no a un vecino de clase media afectado por la falta de un servicio?
La pretenciosa puesta en marcha del nuevo plan deja a Macri en una situación muy incómoda: la buena expectativa que pueda haber generado el protocolo se convertirá en enorme decepción y pérdida de capital político si se queda solamente en un bonito manual. La nueva oposición a Cambiemos, como hizo el miércoles, seguramente irá testeando la fortaleza del Gobierno en la misma calle. Un terreno complicado para cualquier gestión.
