El exfuncionario del macrismo Fabián “Pepin” Rodríguez Simón regresó este miércoles a Argentina procedente de Uruguay luego que la jueza federal María Servini levantó el pedido de captura en su contra y notificó al país vecino en la causa donde se investigan supuestas presiones a Fabián De Sousa y Cristóbal López, del grupo Indalo.
El regreso fue tras culminar los trámites de la inscripción hipotecaria de una propiedad (del también exfuncionario José Torello) presentada como garantía de la fianza millonaria ($3.120.000.000) que se le fijó al exmiembro del Parlasur para la exención de prisión.
Además, deberá comparecer todos los meses del 1 al 5 e informar si se ausenta más de 24 horas del domicilio que declaró para vivir.
El próximo paso es la citación a declaración indagatoria en la citada causa penal que nunca se concretó porque Simón se fue a vivir a Uruguay y no regresó por temor a quedar detenido y por ello se lo declaró “rebelde” y se ordenó su captura internacional.
Este año la magistrada le concedió la eximición de prisión, algo que confirmó la Cámara Federal de Casación, pero las querellas y la fiscalía fueron en queja directa a la Corte Suprema, que todavía no se expidió al respecto.
¿Quién es “Pepín” Rodríguez Simón?
“Pepín” Rodríguez Simón desempeñó roles de alto perfil durante la gestión de Mauricio Macri, incluido el de director de YPF, y se destacó por su activa defensa del Grupo Clarín en la disputa sobre la Ley de Medios.
Su nombre resuena en el expediente judicial que investiga presuntas maniobras de presión y ahogo financiero contra el Grupo Indalo, un conglomerado cuyos propietarios denunciaron haber sido perseguidos durante la gestión macrista.
Entre las acusaciones que recaen sobre él, destaca una reunión en la que habría advertido que, si los empresarios no cedían a las demandas del gobierno, enfrentaban una “guerra” por parte del Estado. Las investigaciones también abarcan la revocación de la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas, presiones para transferir empresas a otros grupos, y medidas adoptadas por la AFIP que habrían perjudicado al Grupo Indalo, como la negativa a permitir que Oil Combustibles accediera a un plan de moratoria fiscal.