“El pedido se lo hicimos a la fiscal Nancy Olivieri que tiene delegada la instrucción. Primero, queremos conocer los nombres de todas las personas que trabajaron los días 5, 6 y 7 de febrero en la clínica y que tuvieron que ver con el tratamiento de Débora, toda la gente que haya intervenido desde que llegó hasta el último día. Queremos las identidades para citarlos como testigos, a los que tengan un grado de responsabilidad médica se verá el tenor de la declaración”, explicó Diego Pirota, abogado querellante en representación de la familia de la víctima.
En diálogo con Infobae, el letrado agregó que también están ampliando la investigación sobre el endoscopio secuestrado, “para corroborar si se usó o no en el procedimiento”.
“Sospechamos que el que se secuestró no es el que se utilizó. Vamos a la explicación más simple, la que nos dan los profesionales que lo vieron en persona o en fotografías. Es uno muy antiguo, que no se usa hace muchos años, más en un sanatorio como La Trinidad que cuenta con equipos de otra tecnología. Diré algo burdo: el avance de la tecnología es terrible y vemos este equipo que tiene 20 o 30 años. En el mismo lugar tienen tecnología más actual en otro lugar del edificio y no en los quirófanos. Casualmente no graba, no saca fotos ni deja registro de las imágenes que se ven. Y lo que reclamamos son las imágenes”, dijo Pirota.
Por último, Pirota explicó que con su equipo consideran que “la responsabilidad” de la muerte de la periodista es “compartida” entre el gastroenterólogo y la anestesista Nélida de la Puente: “Entendemos que el endoscopista mediante una situación imprudente coloca a Débora en una situación de crisis tal que hace necesaria la intervención de la anestesista que realizando un procedimiento que no debía realizarse provoca la muerte. No sé quién tiene más responsabilidad que quién, cada uno tuvo un aporte distinto para el mismo resultado. Ahora falta el informe histopatológico. Pero con esto sabemos que Débora murió por este tratamiento”.