El fallo del juez Luis Carzoglio cayó como una bomba en el Poder Judicial bonaerense y también en el oficialismo. Es que no se trató sólo del rechazo a un pedido de prisión para Pablo Moyano sino que el magistrado consideró la investigación “endeble”, “contradictoria” y “direccionada”.
O sea que el fiscal Sebastián Scalera –presumiblemente impulsado por el procurador Julio Conte Grand– direccionó las cosas contra Moyano, no por evidencias judiciales sino por motivos político-gremiales. La conferencia de prensa de la noche del martes terminó de redondear el impacto. Carzoglio arremetió nuevamente contra Conte Grand por presionar, filtrar información, alimentar a los grandes medios para que realicen una campaña en su contra y ser una especie de “monje negro” en la justicia provincial.
El magistrado se sumó así al juez de la Casación, Víctor Violini, quien ya hace diez días viene denunciando al procurador. La respuesta de Conte Grand no se hizo esperar: ayer reavivó un jury que tiene planteado desde septiembre del año pasado contra Carzoglio. Por su parte, el fiscal Scalera adelantó que apelará el rechazo a la prisión –algo que no tendrá acogida en Cámara– y citará a Moyano a indagatoria, lo que está entre sus facultades.
El punto clave de la resolución de 52 páginas de Carzoglio dice que rechaza la detención del dirigente camionero. Parece cantado que Pablo Moyano no tiene intenciones de huir –de hecho regresará este jueves de Singapur– y el expediente se inició hace más de un año, de manera que si hubiera tenido voluntad de obstruir ya lo hubiera hecho. Pero el golpe mayor se produjo porque la Casa Rosada, sus voceros y los grandes diarios alentaron la detención de Moyano durante todo el fin de semana largo. Varios editorialistas difundieron, ya hace meses, que el camionero iría a parar a la cárcel. Por lo tanto, el centro de la resolución del magistrado es sólido: no corresponde la detención.
