Ante el aumento de casos positivos de COVID-19 en personas en situación de calle y el cierre del parador de Retiro, la legisladora Laura Velasco presentó dos proyectos a fin de saber qué medidas viene adoptando el Gobierno de la Ciudad en materia de prevención y atención de esta población en el marco de la pandemia de coronavirus y solicitar a la administración de Horacio Rodríguez Larreta que “arbitre las medidas socio asistenciales necesarias para garantizar la salud” de estas personas. También, expresa su “enorme preocupación por la situación y la cantidad de contagios ocurridos en el parador Retiro”.
“Concretamente queremos que el Ejecutivo porteño nos informe qué medidas están previstas para evitar que el virus se siga propagando en los paradores, hogares y centros comunitarios, teniendo en cuenta la cantidad de casos detectados al día de hoy. Pero también queremos saber qué se hizo hasta ahora para evitar que este incremento de casos en personas en situación de calle no explote como ya ha sucedido en los barrios populares de nuestra ciudad”, manifestó Velasco.
Y continuó: “El 19 de marzo pasado presentamos con mi compañera de bloque, Cecilia Segura, un proyecto de ley con propuestas concretas para asistir a esta población en el marco de la pandemia. Días después, desde el Frente de Todos, pedimos informes respecto a si había un plan de acción concreto o protocolos específicos para evitar contagios y potenciales situaciones de riesgo para las personas en situación de calle, las alternativas previstas al aislamiento social, las tareas realizadas en los paradores para que no resulten focos de contagio, etc., porque ya veíamos con preocupación la posibilidad de que los casos se disparen debido a la extrema vulnerabilidad en la que viven tanto las personas que se encuentran en calle efectiva como aquellas que están en riesgo de situación e calle”.
Hoy el Gobierno porteño informó el cierre del Centro de Inclusión Social de Retiro. El viernes pasado habían detectado el primer caso positivo, en el marco del operativo conjunto que Nación y Ciudad realizan en la villa 31; tres días después, habiendo realizado el test a la totalidad de residentes y trabajadores, de las 92 personas que estaban en el parador, 79 son casos positivos y 13 están en estudio, según cifras oficiales.
Por su parte, organizaciones sociales que trabajan en la temática, denunciaron casos en otros centros, a la vez que informaron la faltan de insumos básicos suficientes en los paradores de la red pública y el no cumplimiento por parte del Gobierno porteño con lo prometido al respecto.
Además de las iniciativas parlamentarias mencionadas, a mediados de marzo, Laura Velasco realizó una nueva presentación judicial junto a la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH) en el marco del amparo que la tiene como querellante, a fin de dar cuenta de la necesidad que existía ya entonces para que se tomen medidas urgentes en relación con el cumplimiento de la Ley 3.706 y la protección de derechos de las personas en situación de calle frente a la pandemia de coronavirus. Y, si bien se incorporaron dispositivos de alojamiento y se ampliaron los horarios, las 2.880 plazas con las que se cuenta hoy, no alcanzan para cubrir a las más de 7.200 personas que, según el último censo popular realizado en 2019, se encuentran viviendo en la calle en la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto
La iniciativa presentada por Laura Velasco solicita información sobre la cantidad de testeos se están realizando, dónde y qué resultados se han obtenido hasta el momento; de qué manera y a dónde se están trasladando a los casos confirmados y sospechosos; si cuenta el Gobierno porteño con protocolos específicos y planes de vacunación para las personas en situación de calle; además, del tipo y calidad de asistencia alimentaria y de elementos de higiene y limpieza entregados a los paradores, hogares y centros de resguardos comunitarios desde el inicio de la cuarentena.
La iniciativa también indaga respecto a los profesionales de la salud, salud mental, personal en general y voluntarios con los que cuenta cada Centro de Inclusión Social y la infraestructura con la que disponen. También pide informes respecto al Programa Buenos Aires Presente y sobre la existencia de convenios con clubes, asociaciones civiles, iglesias o establecimientos de cualquier tipo para el aislamiento específico de personas en calle y riesgo de situación de calle que sean casos confirmados o contactos estrechos de casos confirmados.