El diputado nacional del Frente de Todos, Itai Hagman, se manifestó sobre las medidas anunciadas este lunes por la ministra de Economía, Silvina Batakis, e insistió con la implementacioón del Salario Básico Universal e indicó: “El costo fiscal del Salario Básico Universal es grande, pero no es delirante”.
“Hasta ahora no encontramos nadie que nos diga tajantemente que está en contra”, señaló Hagman, quien pertenece al Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois, aunque admitió que sí hay “dudas, resistencias, o cuestiones vinculadas a cómo se financia”, pero “muchos se van convenciendo”.
Según indicó en declaraciones radiales, el proyecto de SBU presenta “resistencias de distintos tipos”, algunas de las cuales son “más conceptuales” y otras “más sobre cuestiones de implementación, de si existe la guita o no”. No obstante, destacó que “de un tiempo a esta parte viene ganando cada vez más consenso dentro del Frente de Todos la idea”.
Hagman especificó: “Estaríamos hablando alrededor de un punto más de gasto del PBI, que es mucho, pero no es una discusión imposible”, resaltó, y en este sentido agregó: “El costo fiscal es grande pero no es delirante”. En este marco, para mitigar el impacto fiscal, se manifestó proclive a “pensar qué otros gastos públicos se pueden reorientar”.
“Es mucho más progresivo implementar un salario universal que, por ejemplo, mantener el esquema de subsidios al transporte y las tarifas como tenemos hoy”, apuntó. Para el diputado oficialista, el Estado nacional debería pensar “cómo se recauda más haciendo más progresivo el sistema tributario”, de manera tal de implementar el SBU sin que eso implique “aumentar el déficit fiscal”.
Por último señaló que “en última instancia, se puede hacer por etapas”, empezando primero por darle cobertura a las personas que están en situación de indigencia (alrededor de cuatro millones de personas) para avanzar posteriormente con todo el universo de bajos ingresos, una vez que el Estado recupere capacidad fiscal.
▶ Qué es el Salario Básico Universal
El SBU consiste en una prestación mensual no contributiva equivalente a la canasta básica de un adulto (aproximadamente 14.000 pesos en los valores actuales) que de acuerdo a los cálculos de Hagman abarcaría a un universo de 7,5 millones de personas. La medida permitiría ordenar el sistema de políticas sociales, terminando con la discrecionalidad en la asignación de esos recursos.