A pesar de los fuertes recortes por parte del Gobierno Nacional en los gastos vinculados a las jubilaciones, las asignaciones familiares, los subsidios económicos y las transferencias a las provincias, durante febrero, el término “déficit” regresó a las cuentas públicas tras registrarse un resultado financiero negativo de $186.635 millones.
Así lo reveló el análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que elabora informes regulares y brinda soporte a Diputados y Senadores en la comprensión de temas que involucren recursos públicos, democratizando el conocimiento y la toma de decisiones.
Esto tuvo lugar, según detalló el informe de la entidad, conducida por el economista Gabriel Esterelles, a raíz del pago de intereses de deuda, por un monto de $2.461.729 millones, un 34,2% mayor al efectuado en febrero del 2023, un aspecto “estacionalmente alto de acuerdo al calendario de vencimientos”, aclaró el escrito.
“El incremento se explica principalmente por los mayores pagos de intereses correspondientes a bonos internacionales (enero) y a los préstamos del FMI y organismos internacionales de crédito (febrero)”, argumentó la OPC.
Estos tuvieron una incidencia del 4,9% en los gastos de la Administración Nacional en febrero, el nivel más alto de entre todos los conceptos. Además, representaron nada menos que el 55,6% del total de los gastos corrientes del mes que, recientemente, acaba de finalizar, pese a la disminución, en este aspecto, del 29,5%.
Sin embargo, el rojo fiscal podría haber sido aún mayor, de no haberse computado, tal y cómo detalló el cuadro de ingresos, gastos y resultados de la ejecución presupuestaria, $206.024 millones en calidad de “Rentas de la propiedad” del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, lo que impulsó los ingresos corrientes.
Y en medio de la pérdida de poder de compra que estos ajustes conllevan, y que no solamente afectan a los adultos mayores sino a la población en su conjunto, en un contexto inflacionario de gravedad y con un estancamiento del peso de los ingresos, y en muchos casos congelamiento en materia de incrementos salariales, la entrega de subsidios energéticos cayó un 62%, anticipando las subas que se vienen en los próximos meses en este sentido, con esquemas ya presentados, en discusión y en inminente definición.