Sobre 59 legisladores sentados en las bancas, finalmente la votación en general resultó de 34 voluntades afirmativas (VJ) y 25 negativas (Gen, UC, MC, Evolución, PTS-FI, PS, AyL, BP y FIT.
Al debatirse el proyecto, quedó claro que solo sería acompañado por el bloque oficialista de Vamos Juntos y que la oposición lo rechazaría.
Las modificaciones introducidas tienen que ver, principalmente, con dos cuestiones: en primer lugar aclarar el tipo de relación que mantiene el concesionario con los predios y en segundo lugar la autorización de uso como playa de estacionamiento de esos predios, una afectación instrumental a la eficiente prestación del servicio público de estacionamiento regulado.
En este sentido, la diputada Cristina García De Aurteneche, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, destacó que “la concesión es estrictamente del servicio público, no de los bienes inmuebles. Estos predios, sobre los que el concesionario no tiene ningún derecho, privilegio ni usufructo; son una herramienta necesaria, un requisito indispensable para poder prestar el servicio de acarreo.”
Por otro lado, se prorroga por el término de seis meses el plazo para adjudicar la Licitación Pública al no haberse podido cumplir en los términos establecidos por la Ley 5728 a raíz de una serie de procesos judiciales que se dieron en torno a la denominada Ley.
Además, García se refirió a la Ley 5728 de Estacionamiento Regulado, sancionada en Diciembre de 2016, y dijo que“no debemos perder de vista los beneficios que trae a los vecinos de la Ciudad el Sistema de Estacionamiento Regulado. Por un lado, permite administrar de forma eficiente el uso del espacio público. Y por otro lado, ordena y evita situaciones indeseadas que ponen en riesgo la seguridad vial y entorpecen la fluidez vehicular.”