En medio de la conmoción por el brutal homicidio del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía, el diputado nacional por la UCR, Luis Petri, presentó el miércoles un proyecto de ley que apunta a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.
La iniciativa establece la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años al momento de la comisión del hecho tipificado como delito.
En sus fundamentos, el proyecto sostiene: “La finalidad principal del sistema de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social. Con ese objetivo, este régimen comprenderá un abordaje integral e interdisciplinario”.
Para el diputado opositor “es necesario consagrar un sistema de responsabilidad penal juvenil, despojado de todo resabio tutelar, estableciendo a partir de los 14 años un proceso de responsabilidad penal”.
El mendocino agregó además: “De lo contrario, supone consagrar la impunidad por el crimen anticipadamente por vía legal, clausurando cualquier posibilidad de justicia para la víctima de manera individual, pese a que su autor estuvo en condiciones de comprender la criminalidad del delito cometido”.
Hay que bajar la edad de imputabilidad. Al día de hoy se clausura la discusión, se consagra la impunidad y se deja a las víctimas con las manos vacías. pic.twitter.com/zE8E6Oh5Ni
— Luis Petri (@luispetri) November 11, 2021
Petri manifestó también: “Argentina es uno de los países con más alta edad de imputabilidad del mundo”, y precisó que “una gran cantidad de países de Latinoamérica y Europa incluyen a los menores en sus regímenes de Responsabilidad Penal Juvenil a partir de los 14 años, como son los casos de Chile, Colombia, Paraguay, España, Alemania e Italia); a los 13 años, como Uruguay, Francia, Guatemala y Nicaragua; y a los 12 años, como Costa Rica, Ecuador y Perú”.
El diputado de JxC concluyó sosteniendo: “Los crímenes no pueden quedar impunes en la Argentina cuando quien los cometió comprendía la criminalidad del hecho. Debemos dar el debate de un Sistema Integral de Responsabilidad Penal Juvenil, que disponga penas y establecimientos para su cumplimiento diferenciado, que prevea medidas alternativas a las de prisión conforme a la gravedad del delito, garantice el derecho de defensa y el debido proceso, que erradique todo resabio tutelar y tenga la capacidad de evitar y prevenir la escalada criminal de menores en conflicto con la ley penal, aumentando las posibilidades de resocialización y otorgando una tutela judicial efectiva a las víctimas”.
