Tratados internacionales con jerarquía constitucional y normativas nacionales y locales otorgan a los menores un tratamiento especial a la hora de enfrentarse ante la justicia y ser llevados a juicio. Si bien en la Ciudad tanto la Constitución porteña como las leyes que organizan los tribunales, las fiscalías, defensorías y asesorías tutelares contemplan la especialización en materia juvenil, dicha especificidad es aún un tema pendiente.
Con el objetivo de acelerar los tiempos y concretar un servicio de justicia que garantice los derechos de los menores en le marco de un proceso judicial justo, el Fiscal General de la Ciudad, Germán Garavano, remitió a la Legislatura porteña un pedido para que “se evalúe la posibilidad de promover la sanción de una ley para la creación de –al menos- dos fiscalías específicas y especializadas en materia penal juvenil”.
En la resolución Nº 558/12, Garavano también solicita al presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento local, Martín Ocampo, “que en el ámbito de sus facultades constitucionales” analice impulsar una ley que establezca la creación de nuevas estructuras en el ámbito del Ministerio Público Fiscal para la atención de problemáticas delictivas en las que se encuentren involucrados menores entre los 16 y los 18 años.
Según resalta Garavano en su resolución, las Reglas de Beijing establecen entre las pautas mínimas para el tratamiento de los menores en procesos judiciales el principio de especialidad de los tribunales, lo que implica una capacitación especial de los funcionarios que deben intervenir en causas de jóvenes en conflicto con la ley. “En clave con ello, el Régimen Penal Juvenil fijó la especialidad de los magistrados en su artículo 11, en tanto que su cláusula transitoria estableció la competencia de los actuales integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto sean creados los juzgados, fiscalías y defensorías con competencia en materia penal juvenil”, destaca el planteo del Fiscal General porteño.
Y agrega: “En defensa de la legalidad, los intereses generales de la sociedad y la normal prestación del servicio de administración de justicia este Ministerio Público Fiscal entiende que la Legislatura debería avanzar rápidamente en la sanción de una ley mediante la cual secreen –al menos- dos fiscalías con competencia específica en materia penal juvenil, pues de lo contrario la pauta de especialidad consagrada a nivel internacional –en su dimensión integral- podría tornarse lábil en los hechos”.
La necesidad de establecer una justicia juvenil en el ámbito del Poder Judicial porteño no es algo que escape ni a los legisladores ni al Consejo de la Magistratura. Frente a la manda constitucional de definir un sistema judicial especializado en menores, una de las alternativas que se están contemplando es la posibilidad de definir dentro de las actuales estructuras judiciales, un grupo de magistrados con competencia específica en menores (solución que al entender de varios actores judiciales permitiría economizar recursos pero que, en opinión de otros, no respetaría el objetivo principal de la especificidad que es la capacitación para atender temas vinculados a la problemática penal juvenil ya que los actuales jueces en lo Penal, Contravencional y de Faltas no han sido concursados para atender en dicha materia).
Sin embargo, frente a la posibilidad de que prospere la idea de definir dos o tres juzgados específicos para atender causas por delitos cometidos por adolescentes entre los 16 y los 18 años, Garavano expuso su oposición y remarcó que “la especialidad debe ser material, es decir que se vincula a la estructura funcional como así también a las exigencias para conformar esa fiscalía y seleccionar a su titular conforme a esa especialidad”.
En el caso que el planteo del Fiscal General porteño encuentre eco en la Legislatura, no sólo se debería avanzar en la creación de nuevas fiscalías con competencia penal juvenil, también se tendrán que crear estructuras especializadas en el Ministerio Público de la Defensa, y hasta podría generarse una nueva modificación de la Ley 7, ley orgánica del Poder Judicial, para la creación de nuevos juzgados con competencia específica penal juvenil. Semanas atrás, el propio presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Juan Manuel Olmos, en ocasión de presentar el proyecto presupuestario para el 2013 para el Poder Judicial porteño expuso “la necesidad de contar con tribunales penales juveniles” dejando abierta tanto la posibilidad de usar tribunales existentes como de crear nuevos.
