La Fundación Apolo, a través de su apoderado y Director de su Equipo de Activismo Legal, José Magioncalda, y con el patrocinio de Juan Fazio, solicitó la reapertura del expediente N° 6146/2018 que involucra al exempleado bancario Lázaro Báez y al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, luego de los alegatos presentados en la causa “Vialidad” por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
En dicho sumario se investigaba si las empresas de Báez habían sido beneficiadas con similares privilegios impositivos ilícitos, como los que favorecieran a “Oil Combustibles, propiedad de otro “empresario K”, Cristóbal LÓPEZ.
“En virtud de la trascendencia institucional de los hechos ventilados en la causa, cuya reapertura se solicita, y dado el interés y particular dedicación de mi mandante en cuestiones de transparencia y anticorrupción, solicitamos ser tenidos como “Amicus Curiae” del Tribunal a vuestro digno cargo para colaborar en la resolución de la presente causa”, explica el texto presentado en la Justicia.
Según el escrito, a partir de los alegatos de los mencionados Luciani y Mola, debería investigarse “si Lázaro Antonio Báez, como pasó con OIL COMBUSTIBLES, recibió planes de facilidades pagos extraordinarios del artículo 32 de la ley 11.683, y en qué condiciones se realizó oportunamente el control de pago de las obligaciones incluidas en esos planes. Los indicios de que ello puede haber sucedido son ciertos y verosímiles.” Más aún, según la denuncia original, el monto involucrado en los planes superaría los diez millones de dólares.