Piden que la Metropolitana respete la línea marcada por Garré

Piden que la Metropolitana respete la línea marcada por Garré

La diputada nacional por la Ciudad Mara Brawer presentó en el Congreso un proyecto para que la Ciudad adhiera al Protocolo Nacional de Seguridad que define el accionar policial ante manifestaciones.


Frente al operativo llevado a cabo por la Policía Metropolitana el pasado viernes en las inmediaciones del hospital Borda y que dejó como resultado más de 50 heridos, entre ellos  cuatro internos del neuropsiquiátrico con impactos de balas de goma, y catorce con contención psíquica sin medicación -según información brindada por el asesor tutelar ante la Cámara Gustavo Moreno-, desde el Congreso Nacional se planteó el interés por que la Ciudad de Buenos Aires sea una jurisdicción más que acepte las líneas marcadas por el Gobierno Nacional a la hora de actuar frente a protestas sociales.

La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires Mara Brawer (FPV) presentó en el Congreso un Proyecto de Resolución dirigido a la Legislatura porteña para solicitarle que instrumente los medios necesarios para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiera a los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”, que ya rige en 19 de las 24 jurisdicciones del país.

Este protocolo de seguridad –establecido el 4 de mayo de 2011 por la Ministra de Seguridad mediante la resolución 210- surgió de un amplio consenso entre sectores políticos y sociales, e incorpora estándares de Derechos Humanos como guía y como límite para las intervenciones del Estado.

Entre los considerandos para la sanción del protocolo de actuación se encuentran la manifestación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a que el Estado tiene el deber de diseñar planes y procedimientos adecuados para facilitar el ejercicio del derecho de reunión de los ciudadanos; como así también que las fuerzas policiales deben contar con normas de actuación definidas y con el entrenamiento profesional necesario. Todo esto, a efectos de generar las condiciones para que estos eventos puedan desarrollarse en un marco pacífico.

“Los criterios han sido elaborados considerando que el Estado debe garantizar la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades en el desarrollo de manifestaciones y movilizaciones públicas, bajo la voluntad y el compromiso de no reprimir la protesta social y de activar canales de diálogo entre las partes involucradas en las manifestaciones a fin de gestionar pacíficamente los conflictos y atender sus causas por vías políticas y no violentas de entendimiento”, destaca la autora de la iniciativa en los fundamentos del proyecto.

Con el respaldo de la firma de diferentes diputados del bloque del FPV, el proyecto promueve la implementación de este protocolo que ordena una actuación responsable de las fuerzas de seguridad ante todas las manifestaciones públicas, garantizando el respeto y la protección de los derechos de los participantes.

“El protocolo establece pautas para las manifestaciones programadas y las espontáneas, ya sean concentraciones de mucha gente o de menor escala. Regula también todas las etapas de la actuación policial e indica que se deben agotar todas las instancias para garantizar una resolución que resguarde la integridad física de las personas”, aseguró la diputada Brawer.

En la iniciativa también se destaca que ” el protocolo establece la prohibición de portar armas de fuego para el personal que pudiera entrar en contacto directo con los manifestantes, la prohibición de usar pistolas lanza gases y la restricción respecto a la utilización de postas de goma exclusivamente con fines defensivos en caso de peligro para la integridad física de algún miembro de las instituciones de seguridad o de manifestantes o terceras personas”; además de dejar expreso que “en ningún caso se pueden utilizar las postas de goma con el objetivo de dispersar una manifestación”.

“Se hace necesario reforzar los nuevos paradigmas de seguridad democrática, consistentes en garantizar una resolución de conflictos que no implique daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación, reforzando las acciones contra la impunidad, la no criminalización de la protesta social y los límites a la acción policial”, afirmó Brawer.

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