Debe destacarse, como un hecho inobjetable, que el gobierno de Javier Milei decidió resolver el problema de la protesta social en las calles. En casi 11 meses de mandato, la actual administración viene desplegando una serie de medidas, impulsadas sobre todo por los ministerios de Seguridad y de Capital Humano, que muestran un sustancial cambio con relación a lo hecho al respecto en los gobiernos precedentes.
El fenómeno de los piquetes constituye una de las manifestaciones más acabadas de la decadencia política y social de nuestro país. Un síntoma del fracaso del Estado de derecho, que durante los últimos 20 años tuvo legitimación por parte de los sucesivos gobiernos de distinto signo político. Ciertamente, con mayor responsabilidad por parte del kirchnerismo, que no sólo validó e incentivó esta práctica, sino que la institucionalizó incorporando a los piqueteros en la estructura gubernamental. Tal dislate parece haber llegado a su fin.
Y en este sentido, los datos que muestran un cambio de paradigma son contundentes: las estadísticas de Diagnóstico Político en lo que va de 2024 registran un 30% menos de piquetes a nivel nacional, con relación a igual período del año pasado. La disminución de los cortes llega incluso al 50% en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, lo que constituye un hecho de alta significación, si se considera que el distrito porteño concentra los bloqueos de mayor impacto, dada la relevancia política de muchas de las movilizaciones que aglutina, y el carácter estratégico de los espacios afectados (como la Avenida 9 de julio o los accesos capitalinos).
Todo lo antedicho ocurre en un contexto de ajuste inédito del gasto público, con recortes y despidos en distintas áreas del Estado e indicadores sociales por demás duros (la pobreza alcanzó al 53% de los argentinos, según la última medición del INDEC).
A pesar de ello, lejos de recular -lo que aconsejaría el manual de la corrección política que rigió las últimas dos décadas de la política argentina, en pos de “preservar la paz social”-, el gobierno dobla la apuesta continuamente y se mantiene firme en lo que ya puede considerarse un logro evidente. Sustentado, en la aplicación del protocolo antipiquetes, y en la determinación para erosionar el poder de organizaciones sociales cuyos referentes lucraban con un sistema basado en el poder de extorsión sobre los beneficiarios de planes.
Otros actores que empiezan a sobresalir en la protesta en las calles
Si bien esta política de orden público supone un notable avance, tanto por la sensata acción del gobierno como por sus resultados concretos, es importante aclarar que lejos se está aún de haberse “terminado con los piquetes” en Argentina, como recurrentemente vienen exaltando distintos referentes del oficialismo –incluido el Presidente-. Esa afirmación pertenece más al plano de la dialéctica comunicacional que a la realidad. Un terreno en el que el Milei se mueve con naturalidad y en el que indudablemente obtiene un considerable rédito político. Es sabido que en estos tiempos las percepciones tienen casi tanto peso como los hechos.
Pero en este punto, resulta relevante abordar la problemática de la protesta social desde un análisis más cualitativo. Es decir que, más allá de lo obvio -en lo que va de 2024 hubo 5.244 piquetes, o sea que disminuyeron comparativamente, pero persisten en cantidad elevada y sin parangón en ningún país del mundo-, la evolución de la conflictividad en las calles está mostrando otras facetas, que podrían modificar su fisonomía próxima.
En este sentido, el aspecto más relevante que revelan los datos sobre los piquetes en los últimos meses reside en la creciente participación de los trabajadores estatales como el actor predominante. Durante agosto, septiembre y octubre, éstos representaron en promedio el 25% del total de los piquetes, relegando a las organizaciones sociales, que durante los últimos 4 años fueron quienes sostenidamente lideraron los cortes en el país.
Esta modificación respecto a los actores protagónicos de los piquetes, de mantenerse en los próximos meses, podría convertirse en una tendencia que se asemejaría a lo ocurrido durante la presidencia de Mauricio Macri. Durante tres de sus cuatro años de mandato (2016/17/18), también habían sido los sindicatos del Estado los de mayor cantidad de bloqueos realizados.
¿Qué implicancias podría tener esta nueva dinámica?
Hay que considerar que las agrupaciones sindicales, sobre todo las estatales, responden, en gran medida, a intereses e incentivos distintos a los de las organizaciones piqueteras que, como quedó expuesto en estos años, movilizaban a sus miembros a partir de una lógica de carácter extorsivo. Aquellas en cambio tienen una impronta mucho más politizada. En las causales de sus protestas, además de motivaciones económicas, reivindicaciones salariales o sobre condiciones laborales, subyacen factores ideológicos e incluso disputas por internas gremiales o partidarias.
Al respecto, y como se mencionó en precedencia, la política de ajuste y reducción de gasto público, medular en el proyecto que encabeza Milei y que se continuará profundizando de manera irreversible, plantea un escenario de inexorable confrontación con esos sectores corporativos. Quienes, al ver afectados sus intereses, recurrirán a sus características medidas de fuerza, que se potencian cuando el gobierno de turno es también un opositor ideológico.
Como señal clara registrada los últimos días en este sentido, el anuncio oficial de disolución y de más de 3.000 despidos en la AFIP, tuvo como reacción inmediata la realización de múltiples acciones de protesta gremial –paros, apagones, asambleas-, como por ejemplo las que protagonizó el personal aduanero (SUPARA). Cabe esperar que este tipo de respuestas se intensifiquen las próximas semanas.
A su vez, las distintas medidas desregulatorias impulsadas desde el ministerio que conduce Federico Sturzenegger agregan otro factor de tensión y puja de intereses con el universo sindical. Por caso, durante octubre los piquetes realizados por gremios privados se duplicaron con relación a los 3 meses precedentes.
Si a esto se suma el frente ya abierto con un importante sector de universitarios, con el que, de nuevo, se combinan diversos elementos de confrontación -la política de recorte presupuestario del gobierno, la resistencia a que los fondos a universidades sean controlados por medio de auditorías gubernamentales y, también, la enemistad política e ideológica-, puede concluirse que se configura cada vez más un panorama sumamente desafiante al nuevo modelo oficial de orden público.
Sin embargo, no debiera esperarse un cambio sustancial de dirección en la hoja de ruta de La Libertad Avanza. Ante la inminencia de un nuevo año electoral, hay que recordar que en las pasadas elecciones fueron justamente las promesas de terminar con el caos piquetero, una de las banderas que permitieron a Milei conectar con un importante sector de la ciudadanía. Y todo indicaría, como marcan distintos estudios de opinión recientes, que el apoyo a las políticas de orden ya es parte de un sentido común mayoritario en la sociedad.
