El viernes fue el Día Internacional del Detenido Desaparecido. En ese marco, la legisladora de Unidad Ciudadana y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, Victoria Montenegro, descubrió una placa en reconocimiento a quienes con sus testimonios ante los tribunales hicieron posible el juzgamiento de los genocidas de la última dictadura cívico-militar. Sus declaraciones fueron fundamentales para conocer la verdad sobre los secuestros, las torturas y las desapariciones de personas. El reconocimiento fue aprobado por el pleno de la Legislatura porteña.
El evento fue en la plazoleta ubicada en Avenida de los Inmigrantes 1950, en inmediaciones a los tribunales de Comodoro Py, en Retiro. Se trata del primer reconocimiento a aquellos que dieron su testimonio en los juicios de Lesa Humanidad.
Montenegro señaló que “sin el testimonio de cada uno de ellas y ellos, nada hubiera sido posible. Hoy todos naturalizamos esas declaraciones y nadie está en contra del avance de los juicios por delitos de lesa humanidad, pero cuando ellos tuvieron que dar testimonio no era tan fácil porque la dictadura había instalado la idea de que si eras sobreviviente eras culpable. Habían logrado instalar la culpa en el sobreviviente. Con el tiempo, la sociedad fue tomando conciencia de lo que significó el terrorismo de Estado, el plan sistemático de robo de bebés, y el horror que significó el Genocidio. Todo eso se lo debemos al enorme trabajo de los organismos de derechos humanos pero también al valor de cada uno de esos hombres y mujeres que dieron su testimonio”.
Durante el acto hablaron la fiscal en causas de lesa humanidad Mercedes Soiza Reilly y la ex detenida Miriam Lewin. Estuvieron presentes la Intersindical de Derechos Humanos, la psicóloga creadora del Programa Ulloa Fabiana Rousseaux y varios detenidos durante el terorrismo de Estado.
El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 65/209 adoptó el 30 de agosto como Día Internacional del Detenido Desaparecido. La Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones forzadas. Allí se estableció que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad. Incluye un concepto amplio de víctima que puede extenderse a familiares de las personas desaparecidas y se reconoce su derecho a la justicia, a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada y el destino final de las personas desaparecidas, a la reparación en sus múltiples dimensiones, y a recuperar los restos de las personas desaparecidas.
