Este lunes el juez Sebastián Casanello procesó a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional por el dinero entregado a través del programa Potenciar Trabajo.
El magistrado dio por probado que el líder piquetero desvió parte de los 360 millones de pesos que recibieron la asociación civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado hacia una red de empresas que se habrían usado para justificar gastos inexistentes con facturas truchas y ocultar así el destino final del dinero.
Además, el juez federal le trabó un embargo de $390 millones y sostuvo que el dirigente “aprovechó la política pública para intereses partidarios”, según indicó el fallo.
El procesamiento emitido por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública alcanzó a Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego, al igual que a María Isolda Dotti y Gianna Puppo, quienes también fueron procesadas por “amenazas coactivas”.
También fueron procesadas Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia, acusadas de ser autoras de amenazas, y Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz señalados como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.
“Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria)”, indicó la resolución de 168 páginas emitida por Casanello.
Al respecto, el magistrado explicó: “En ese marco, el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron”.
“No sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”, señaló.
Casanello indicó que los chats grupales aportados por los denunciantes, más el contenido extraído de los celulares de los imputados y la documentación secuestrada revelaron que “las prácticas que los encargados de los comedores les exigieron a los beneficiaron del plan no tenían que ver con el objetivo de la política pública”.
El origen de la causa
Cabe mencionar que la causa se originó el 20 de diciembre, cuando las fuerzas opositoras preparaban la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno abrió la línea 134 del Ministerio de Seguridad para recibir denuncias anónimas.
Dado que hubo reportes en todo el país, se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py y el fiscal Pollicita, quien recibió la investigación delegada, trabajó en las 45 que tuvieron lugar en Capital Federal para intentar rastrearlas, localizando a siete denunciantes, de los cuales cinco se animaron a declarar.
A partir de la información secuestrada y los allanamientos realizados, el juez llamó a indagatoria alegando que “diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’ habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa ‘Potenciar Trabajo'”.
El magistrado sostuvo que se comprobó el “empleo de facturación apócrifa” y la “simulación de gastos no concretados” con el objetivo de ocultar el verdadero uso de una parte de los fondos.
Por su parte, los acusados negaron las acusaciones y aseguraron que se trató de una persecución política del Gobierno a las organizaciones populares.
La fiscalía apuntó contra Pérsico
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió indagar al exfuncionario de Desarrollo Social y líder piquetero Emilio Pérsico, al acusarlo de corrupción por actuar en supuesta connivencia con el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, para otorgarle subsidios a sus cooperativas por más de 572 millones de pesos entre 2020 y 2022, a pesar de que no se cumplían con los requisitos administrativos para otorgarlos, no se controlaba su utilización ni se rendían cuentas de su ejecución.
El pedido del fiscal fue dirigido al juez federal Sebastián Casanello, que hoy procesó a Belliboni en un fallo en el que le respondió a Pollicita que todavía no cuenta con elementos suficientes para citar a Pérsico a indagatoria, pero en el que ordenó una serie de medidas de prueba para avanzar con este nuevo capítulo de la causa.
Según el Pollicita, el Polo Obrero no intentó engañar al Ministerio de Desarrollo Social, que otorgaba los subsidios, sino que actuaba en complicidad con Pérsico, que era secretario de Economía Social de esa cartera durante el gobierno de Alberto Fernández.
Pollicita le pidió a Casanello indagar a Pérsico y a otros exfuncionarios del entonces Ministerio de Desarrollo Social: Pablo Ariel País, Walter Alejandro Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Juan Migone, Mariana Noelí Fernández y Ernesto Vicente Paillalef. Asimismo, pidió que se cite nuevamente a prestar declaración indagatoria a Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Elizabeth del Carmen Palma, Iván Ortiz, María Isolda Dotti, Erika Lubenfeld y Ezequiel Coego.
Alejandro “Peluca” Gramajo era subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local. Fue elegido como secretario general de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en noviembre del año pasado, en lo que fueron la primeras elecciones del gremio que nuclea a distintas organizaciones sociales afines al kirchnerismo, entre las que está el Movimiento Evita, de donde proviene Gramajo.
Ernesto “El Indio” Paillalef era director de Seguimiento de Programas de Integración. Es uno de los miembros fundadores del Movimiento Evita. En 2009 reemplazó a Pérsico como funcionario de la entonces ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, y fue quien se encargó de llevar al terreno la inscripción y el reparto de las cooperativas del Plan Argentina Trabaja, el antecesor del Plan Potenciar Trabajo. El sistema de cooperativas fue, de hecho, una creación que Pérsico y Fernando Navarro le llevaron a Néstor Kirchner. Tras su paso por el gobierno nacional, Paillalef fue ministro de Desarrollo Social de Alberto Weretilneck, en Río Negro.
Pollicita habló de un “acuerdo de impunidad” entre funcionarios-piqueteros y piqueteros. Dijo que de los $361.087.500 que recibió el Polo Obrero, al menos $219.955.153,73, un (60%), no habían sido devueltos ni rendidos al Estado nacional. “Es decir, que las autoridades del Polo Obrero recibieron ese dinero pero ni siquiera informaron en qué lo gastaron ni tampoco lo restituyeron”, señaló. Y el 10% fue aplicado a facturación apócrifa para intentar justificar la falta de comprobantes de gastos, acusó.
“La prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del ex-Ministerio de Desarrollo Social, como se sostuvo hasta el presente. Sino que, por el contrario, se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023, a través del cual funcionarios de la Secretaría de Economía Social –encabezada por Emilio Pérsico–, que eran los responsables de la asignación y control de los fondos estatales destinados a la ayuda social, actuaron en forma coordinada con las autoridades de la organización Polo Obrero –dirigida por Eduardo Silvio Belliboni–”, dijo el fiscal.
Señaló que el propósito era “perjudicar los intereses confiados” y “desviar los fines de las políticas sociales en beneficio de las autoridades del Polo Obrero, que se apropiaron de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional, todo ello en perjuicio de la administración pública”, y por eso acusó de fraude contra el Estado a Pérsico y sus funcionarios, y a Belliboni y sus dirigentes piqueteros.
Sostuvo que los funcionarios Pérsico, País, Gramajo, Castillo, Selzer Soria, Migone y Paillalef “deliberadamente incumplieron los deberes a su cargo tanto en la asignación, ejecución y control de los fondos públicos con el fin de beneficiar a la organización Polo Obrero en perjuicio del Estado Nacional” y que los piqueteros se valieron de la Asociación Civil Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor Limitada, constituidas como “Unidad de Gestión del Programa “Potenciar Trabajo”, para recibir los fondos.
Pollicita dijo que mientras el Polo Obrero trataba de demostrar al Estado en qué se gastaba el dinero en la efectiva prestación de tareas de 20 horas semanales por parte de más 6000 beneficiarios en todo el país, durante 4 años, sus integrantes registraban en cuadernos cómo cada una de las personas asistían a actividades políticas, movilizaciones, rastrillajes, pegatinas y acampes, y se llevaba un registro paralelo del dinero que recibían.