En un fallo que se emitió semanas pasadas pero que recién se dio a conocer este martes, la Justicia porteña le ordenó al Gobierno porteño, en un plazo de veinte días, reabrir el Taller Protegido N° 19, del Hospital Borda, demolido en el operativo del 26 de abril último.
Pese a que la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad no especificó en su fallo dónde debe estar el nuevo taller ni aclara si debe ser reconstruido el que fuera derrumbado, establece en forma taxativa que debe adecuarse a las normas de seguridad y salubridad, que no se cumplen en el nuevo taller construido.
Según indicaron los magistrados y publica en su edición de este miércoles Página 12, esas normas “no se cumplen en las nuevas instalaciones que habilitó el Ejecutivo: cuenta con un informe negativo de bomberos sobre equipamiento contra incendios y padece de un nivel de ruidos que hace insoportable el trabajo”.
EL CAMINO JUDICIAL:
La causa a la que dio inicio el dirigente de ATE Marcelo Frondizi -delegado de los talleres protegidos- contra el Gobierno de la Ciudad, por el desmantelamiento del TP Nº 19 -el que luego resultó demolido- los jueces Fernando Juan Lima, Esteban Centanaro y Mabel Daniele (en disidencia) ordenaron la reapertura del taller donde un grupo de pacientes realiza tareas de rehabilitación.
En enero último, la jueza Elena Liberatori ya había ordenado la reapertura pero en febrero, la jueza Andrea Danas revocó esa medida con el argumento de que el Gobierno ya había construido otro espacio para el funcionamiento del taller. En ese fallo se basó el Ejecutivo para ordenar la demolición del taller, el 26 de abril, en medio de un operativo represivo que dejó un saldo de decenas de heridos.
Con base en la Constitución nacional y en la porteña, y hasta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para llegar a las leyes locales de Salud Mental y de Talleres Protegidos, los magistrados concluyeron que los “ejes esenciales en la implementación de políticas de reinserción y rehabilitación” de los pacientes con padecimientos mentales.
De acuerdo con un informe de la Superintendencia Federal de Bomberos, que da cuenta de fallas en las bombas, requiere el cambio de mangueras y señalización para emergencias. También se refiere a que “las condiciones de salubridad no estarían claramente garantizadas”, ya que “con una sola máquina encendida el nivel sonoro alcanza 87,2 decibeles, superando el límite de 85 establecido por las normas”.
