El ex marino Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, podría salir de la cárcel. Así surge de un informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que a días del 42 aniversario del último golpe de Estado lo incluyó en un nuevo listado de presos en condiciones de acceder a “medidas alternativas de prisión”.
Entre los candidatos también figuran el ex agente de inteligencia Horacio Martínez Ruiz, represor del centro clandestino Automotores Orletti, y el apropiador, ex carapintada y golpeador de mujeres Víctor Gallo. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, tomó distancia del posible beneficio al represor más emblemático del terrorismo de Estado. La decisión acerca de si Astiz puede irse a su casa con una pulsera electrónica está en manos de los jueces. Pero más allá de si esto se concreta o no, los organismos de derechos humanos tomaron la noticia, conocida a menos de una semana del Día de la Memoria, como una provocación.
El 31 de enero la dirección nacional del SPF envió a la justicia un listado de 1111 internos a quienes sugirió que se les permita acceder al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica u otras modalidades de egreso anticipado.
La nómina incluía a 96 represores procesados o condenados por secuestros, torturas y asesinatos como Jorge “El Tigre” Acosta, Julio Simón (“Turco Julián”) o el ex capellán Cristian Von Wernich.
Más allá de la “recomendación” del Servicio Penitenciario, la mención de Astiz en esa lista fue interpretada como una provocación por los organismos de derechos humanos. “El Gobierno en la semana del 24 recomienda el arresto domicilio de Astiz. Es una provocación explicita”, aseguró el diputado y nieto recuperado Horacio Pietragalla. “¿Por qué el Gobierno busca de forma permanente que los genocidas estén sueltos o en sus casas?”, preguntaron desde Hijos Capital. “Reducen las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, despiden a trabajadores y trabajadoras de esas áreas, buscan impunidad para los genocidas. Es sistemático: son la continuidad del plan económico de Martínez de Hoz, con los mismos socios”, advirtió la agrupación. “Ha sido feroz, no se arrepiente, es un personaje siniestro y emblemático. Si sale de la cárcel sería un peligro”, dijo Estela Carlotto, titular de Abuelas.
Graciela Fernández Meijide: “Hasta el peor enemigo tiene derechos”
La ex integrante de la CONADEP y referente de los derechos humanos Graciela Fernández Meijide consideró que “a Alfredo Astiz deberían mandarlo a su domicilio con pulsera electrónica”, luego de conocerse que el represor de la ESMA figura en el listado oficial de internos en condiciones de quedar en libertad por problemas de salud.
“Deberían mandarlo a su domicilio, con prisión domiciliaria y la pulsera electrónica, y que pueda estar cuidado por la gente que decide él mismo o su familia”, opinó Fernández Meijide, que en 1976 sufrió el secuestro y la desaparición de su hijo, Pablo, quien fue trasladado a Campo de Mayo.
La activista por los derechos humanos admitió, en diálogo con radio La Red, que “a determinada edad o con enfermedades terminales, mantener a una persona en prisión deja de ser una condena condigna con el crimen y pasa a ser casi una venganza“.
“Lo que tenemos que dejar sentado es cómo nos paramos ante los derechos de las personas más allá de nuestro desprecio, nuestro enojo, y hasta nuestro odio, aunque no es mi caso. Mal nos hubiera ido luchando por el respeto a los derechos humanos si no consideráramos que todos, aun nuestro peor enemigo, tienen derecho al debido proceso“, aseveró.
Fernández Meijide aclaró: “No es que yo lo perdone a Astiz. No tengo nada que perdonarle. Yo peleo por otras cosas. Me interesa mucho más el futuro de nuestro país, para lo cual necesitamos recordar lo que fue el pasado. Quien creyó que sólo peleábamos por el derecho de nuestros hijos, se equivocó”.
En su caso particular, reveló que pudo identificar “genéricamente” quiénes fueron los autores de la desaparición de su hijo, “pero no personalmente”, y hasta reconoció que aceptaría la prisión domiciliaria de los responsables del hecho si correspondiera.
“Me banqué que fuera constitucional la obediencia debida. Me banqué que (Carlos) Menem diera los indultos… pero, ¿qué hacemos? ¿vamos contra la ley?”, cuestionó.
Astiz integra una nómina del Servicio Penitenciario Federal que incluye a 1436 “internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de la prisión”, dado que padece cáncer de próstata.
