La Cámara de Apelaciones en lo Civil ha desestimado el fallo de la Corte Suprema que otorga mayor autoridad a la Justicia de la Ciudad, al establecer que el Superior Tribunal de Justicia local revisará todos sus fallos. En la acordada 1199, los jueces manifestaron: “Esta Cámara manifiesta su oposición a tal decisión, entendiendo que ningún tribunal de justicia tiene la capacidad de conferir jurisdicción a un tribunal local para revisar resoluciones o sentencias de tribunales nacionales”.
El tribunal, bajo la presidencia del juez Omar Díaz Solimine, argumentó que esta situación altera “la estructura del funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, comprometiendo la separación de poderes y generando una incertidumbre para los litigantes, demoras injustificadas en el avance de los procesos, y costos adicionales debido al pago de depósitos para apelar”.
Los camaristas señalaron que esto interfiere con “el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa” y “afecta la garantía constitucional del acceso a la jurisdicción, del debido proceso y la seguridad jurídica”. Afirmaron que no corresponde a la Corte decidir sobre estos temas. Sin mencionarla directamente, escribieron: “cuestiones de esta índole están reservadas al Honorable Congreso de la Nación; según la Constitución Nacional, es en ese ámbito donde deben ser debatidas y decididas”.
Además, la Cámara Civil programó un plenario para la próxima semana con el fin de establecer una doctrina legal vinculante para el fuero, que estipule que las sentencias de los jueces nacionales en materia civil no pueden ser apeladas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
El pronunciamiento de la Cámara Civil forma parte de la lucha judicial que los jueces nacionales mantienen contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia, conocida como Levinas, emitida en la última semana de 2024. A través de esta sentencia, la Corte Suprema optó por remitir las apelaciones al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, lo que representa un avance significativo en la afirmación de la autonomía judicial en la jurisdicción porteña.
También se estableció que la “Corte local” actúe como tribunal de alzada para las causas de los jueces civiles, laborales, comerciales y penales pertenecientes a la justicia nacional en Buenos Aires. Los jueces nacionales, que se oponen a este traspaso, rechazan la ejecución del fallo de la Corte Suprema, considerándolo ilegal, ya que creen que altera completamente el sistema operativo del Poder Judicial a raíz de la definición de un caso específico.
Los fallos están para cumplirse. La Corte Suprema fue clara y contundente: terminemos de una vez con el “inmovilismo” y avancemos con las transferencias pendientes para concretar una autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo dispone la Constitución Nacional. pic.twitter.com/dcOyUgnxXh
— Gabino Tapia (@GabinoTapiaBA) February 1, 2025
La táctica de las cámaras
Los fallos emitidos por la Corte Suprema no son vinculantes para las instancias inferiores. Por esta razón, las cámaras están desarrollando una estrategia que les permita evitar que los casos en apelación sean dirigidos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, aprovechando así su autonomía judicial. La Cámara Comercial tiene programada una reunión en los próximos días, mientras que la Cámara Laboral se reunirá mañana.
Este documento, dirigido a Rosatti y fechado el 31 de enero de 2025, refleja la resistencia de los jueces nacionales frente a la decisión de la Corte Suprema. Asimismo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) solicitó al máximo tribunal que anule y suspenda la resolución emitida el último día del año anterior, que exige que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se encargue de resolver en apelación todos los casos civiles, comerciales, penales y laborales.
El máximo tribunal, mediante la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, estableció en un caso de la familia del artista León Ferrari contra el periodista Gabriel Levinas que las resoluciones de la cámara civil debían ser remitidas al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad y no a la Corte Suprema, como se hacía previamente. Este criterio se aplicará de forma general a los casos penales, civiles, comerciales y laborales que se tramiten en Buenos Aires.
El juez Rosenkrantz emitió un voto disidente, señalando que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad no actúa como el “órgano superior jerárquico común” para resolver el conflicto de competencia entre un tribunal de Buenos Aires y uno de la justicia nacional ordinaria. Además, mencionó que aunque la Corte reconoció que el carácter nacional de los jueces es temporal, esto no les resta su esencia nacional. Enfatizó que existen convenios para la transferencia de competencias del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que dicho proceso político está en curso.
Con la salida de Maqueda, la Corte Suprema se quedó con tres jueces, lo que impide formar una mayoría para emitir esta sentencia, ya que las posturas se encuentran en una división de dos a uno, requiriéndose tres firmas para validar un fallo. Sin embargo, los jueces nacionales se han manifestado enérgicamente en contra de la decisión mayoritaria de la Corte Suprema, argumentando que esta afectará negativamente los procesos judiciales.