El tema vuelve a recorrer como un fantasma la escena política porteña. Sus idas y venidas parecen no acabarse nunca y si a eso se le suma que la inseguridad que afecta a los vecinos se mantiene al tope de las preocupaciones ciudadanas, la cuestión no es nada menor. Lo que parece no variar nunca es la posición diametralmente opuesta que sobre el tema mantienen los políticos de Pro y del Frente para la Victoria (FpV).
El tema en cuestión volvió a ser reflotado el jueves 24 de abril, cuando la Legislatura porteña aprobó en una sesión ordinaria la iniciativa del vicepresidente primero del cuerpo, el macrista Cristian Ritondo, de reclamarle al Gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner el traspaso de la Policía Federal Argentina a la administración de la Ciudad. Al proyecto, que fue tratado sobre tablas, se le opuso el interbloque kirchnerista que conforman las bancadas del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, el Frente Progresista Popular (de Aníbal Ibarra) e Izquierda Popular (Pablo Ferreyra).
El proyecto de Ritondo exige el cumplimiento del artículo 2 de la Ley 26.288, que afirma: “Definidas por el Gobierno nacional las estructuras necesarias para garantizar sus competencias federales, celebrará con la Ciudad de Buenos Aires los convenios necesarios para hacer efectivo lo establecido en el artículo 1 (de esa misma ley), que establece que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales”. Y a continuación agrega que “el Gobierno nacional hará lo propio con las materias federales hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
Para dejarlo en claro, el macrismo le exigió a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que la poderosa y más importante estructura de la Policía Federal pase a la administración porteña. Estamos hablando de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, que tiene bajo su órbita todas las comisarías de la Capital Federal.
El pedido que encabezó Ritondo trajo aparejado un nuevo round en el enfrentamiento entre la Nación y la Ciudad por el tema de la seguridad. Y esto quedó en evidencia cuando los únicos que no apoyaron la iniciativa de Ritondo en la Legislatura fueron el kirchnerismo y sus aliados políticos.
Para los K, el pedido del macrismo tiene una explicación lógica. En él ven el fracaso de la Policía Metropolitana. “Es evidente que frente al creciente reclamo de seguridad de los vecinos de la Ciudad a las autoridades porteñas, el macrismo trate de volverle a echar la culpa a la Nación, como si en la Capital Federal no funcionara una fuerza de seguridad propia, como es la PM”, le señaló a Noticias Urbanas un legislador kirchnerista.
En agosto de 2008 se aprobó la creación de la Policía Metropolitana y se estimaba que para el fin del segundo mandato de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo porteño la fuerza ya tendría presencia en todos los barrios de la Ciudad y contaría con un poco más de 15 mil efectivos. Pasado el tiempo, la realidad es bastante diferente. La PM solo se encuentra operando en tres Comunas de la Capital Federal: la 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón), la 15 (Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas) y la 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya). Actualmente cuenta con un poco más de 4 mil efectivos, más la presencia efectiva en zonas específicas de la Ciudad, como la estación de Retiro, las estaciones de subterráneo, la plaza Constitución, la calle Florida, los hospitales públicos y los edificios gubernamentales.
Ante este cuadro de situación, desde el Pro se quejan de que la PM no puede hacer nada frente a la creciente ola delictual y que la Federal se sigue encargando de la seguridad ciudadana. “La PFA sigue respondiendo al Gobierno nacional y por ende el control del delito les sigue correspondiendo a ellos. Por eso necesitamos que nos pasen lo que le corresponde a la Ciudad, que es la Superintendencia de Seguridad Metropolitana con todas sus comisarías. Pero los K no quieren porque perderían el control de la fuerza”, se quejaron, desde el macrismo, a NU.
Una vez realizado el traspaso, a la Policía Federal les quedarían bajo su órbita solamente los delitos federales, como narcotráfico o trata de personas. Mientras que lo concerniente a seguridad urbana dependería de la Ciudad y de la traspasada Superintendencia de Seguridad Metropolitana. En esa disputa también juegan un rol importante los jerarcas de la Federal, que en muchos casos no ven con buenos ojos que la transferencia se realice, ya que con la pérdida de las comisarías también verían disminuido sensiblemente su poder.
Como telón de fondo de este escenario están las presidenciales de 2015, donde el tema de la seguridad será clave para seducir a una gran parte del electorado, en especial, el de las grandes urbes. Aquel que se presente como un eficaz solucionador de la cuestión de la inseguridad recogerá muchos votos. Y eso es algo que nadie quiere perderse aunque sus iniciativas políticas no parezcan muy efectivas a la hora de acabar con el delito.
