Por la crisis interna de Juntos por el Cambio el proyecto más importante de la sesión legislativa del jueves no se trató. Los cuestionamientos de los radicales y los lilitos a ciertas modificaciones hizo que el Ejecutivo porteño retrocediera con la iniciativa. También hubo protestas del peronismo, el FIT y los movimientos sociales. Pero la verdadera causa de su no tratamiento fue la interna de los partidos de JxC en la Ciudad.
El texto lleva la firma de la actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana y vicejefa de Gobierno electa, Clara Muzzio, y el proyecto busca elevar el valor de las multas establecidas en una veintena del actual Régimen de Faltas que rige en la Ciudad de Buenos Aires, las cuales sancionan las infracciones cometidas contra el ambiente, el espacio público y la higiene urbana; así como también incorpora la obligación de realizar acciones de reparación verde. En ese marco, el Ejecutivo incluyó aumentos en las penas a los habitantes que saquen la basura a los contenedores fuera del horario permitido, entre las 19 y las 21, o a quienes no cumplan con la separación en origen de los desechos domiciliarios, llevando la multa a valores que oscilan de los 14.446 a 144.660 pesos. Y sumó un nuevo artículo al Régimen de Faltas que castiga a las personas que manipulen “contenedores o puntos de disposición de residuos sólidos urbanos” instalados en la vía pública con sanciones económicas hasta de 101.262 pesos. Además, la multa podría superar el millón de pesos en los casos en que “la infracción sea cometida por una persona jurídica”, es decir, las organizaciones de recicladores urbanos, a las cuales también se les decomisará los materiales recolectados y obligará a realizar acciones de “reparación verde”.
Lo que se aprobó en la sesión: adecúan beneficio impositivo
Por ley se impusieron topes a las desgravaciones tributarias de un régimen promocional para las empresas de digitalización.
Una “adecuación en los beneficios impositivos dentro del marco de adhesión al Régimen de Economía del Conocimiento por parte del Gobierno” de la CABA, determinó un tope por beneficiario y un monto global máximo de ese alivio fiscal, con el objetivo de administrar con austeridad dicho sistema.
Se trata de una iniciativa de la Jefatura de Gobierno de la CABA, analizada y despachada por la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, que preside Claudio Romero (VJ). En la sesión de este jueves se aprobó con 35 votos del interbloque oficialista y sus aliados, la abstención del FdT y la oposición de la izquierda.
Se busca con esa iniciativa establecer una limitación a los beneficios fiscales otorgados, con un cupo máximo de cupo 10% a cada beneficiado, y se legisló que el monto asignado a ese fin será predeterminado cada año en el presupuesto general de gastos y recursos. Para el 2023 en curso se estipuló, como cláusula transitoria, una cifra de 6.000 millones de pesos.
Como explicó el diputado Romero, hasta el momento las empresas de ese sector podían sumar y acumular diversos beneficios; en adelante, el total de la promoción tributaria no puede superar el 10% por cada empresa. Se calcula que hay en la Ciudad unas 110 firmas registradas que aprovechan este alivio fiscal.
