El Gobierno ordenó este miércoles que las empresas de medicina prepaga den marcha atrás con los aumentos en las cuotas que superen el nivel de inflación. El vocero presidencial anunció que se tomó la medida por presunción de cartelización, por lo que las prestadoras tendrán que devolver los montos aplicados desde diciembre por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC): “La Superintendencia no controla más los precios pero busca garantizar la libre competencia”.
“Por disposición del ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicinas prepaga que representa cerca del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023 ajustadas por IPC”, abrió la conferencia de prensa habitual en Casa Rosada Manuel Adorni.
Además, el portavoz explicó que las empresas “deberán aplicar, como máximo, este índice de precios al consumidor para ajustar las cuotas por los próximos seis meses. Esto es el resultado de una medida de tutela anticipada que se dictó a raíz de una denuncia por presunta cartelización”, enfatizó.
“La Superintendencia de salud está presentando una medida cautelar ante la Justicia para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y a devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre a la fecha”, resaltó Adorni.
Esta medida se da en el marco de una denuncia realizada por los diputados de la Coalición Cívica, Hernán Reyes y Juan Manuel López, contra las empresas de medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), por incurrir en ese presunto delito para fijar las alzas de precios de manera coordinada.
A través de distintas reuniones, el Ejecutivo nacional les había solicitado a las firmas prestadoras de servicios de salud privados que congelen sus cuotas, algo a lo que se negaron rotundamente. En esos encuentros, las autoridades les habían propuesto a las prepagas que no incrementen los valores por los próximos 90 días.
Frente a esta “guerra declarada” entre las empresas y el Estado, el titular de la UAS y dueño de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, decidió renunciar a la presidencia de la entidad. “Como todos ustedes saben, en los últimos días, el sector de la salud privada ha recibido reproches y observaciones por parte de funcionarios del gobierno nacional”, dijo en su comunicado de dimisión en la víspera.
“Con la necesidad de preservar la posibilidad de que todos los canales de diálogo sean considerados, y entendiendo que quizás el debate sobre mi persona sea obstáculo para lograr posiciones superadoras, he considerado procedente y necesario renunciar a la presidencia de la Unión Argentina de Salud”, añadió.
Para el empresario, “debe ser prioridad de todas las asociaciones que integran la Unión poder seguir prestando el servicio de salud a más del 70% de la población argentina, con la misma calidad en la que se han invertido esfuerzos durante tantos años”.
Según los números del Gobierno, las prepagas habrían incurrido en una “conducta abusiva coordinada”. El Ejecutivo sostiene que registró subas entre enero y abril que oscilan entre 142,7% y 163,9%. Al desagregar esa información, se observa que en enero las variaciones en las cuotas de esas cinco empresas habrían fluctuado entre 39,8% y 44%; entre 27,5% y 29,4% en febrero; en marzo, entre 19% y 22,9% y en abril, entre 14% y 18,9%.
Prepagas deben retrotraer precios fuertemente de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Gran trabajo Juan Pazo y Pablo Lavigne en la Secretaria de Comercio, utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran…— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 17, 2024
La vía judicial
En paralelo, el Gobierno avanza mediante la vía judicial respecto de un posible reembolso. En ese sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende del Ministerio de Salud, anticipó que presentará una medida cautelar para que la Justicia “ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación estos últimos cuatro meses”.
Para el Ejecutivo esta estrategia busca garantizar la libre competencia. “No se trata de una intervención del mercado”, afirman.
El secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne —a instancias de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)—, resolvió dictar una medida de tutela anticipada que ordena a un conjunto de empresas reajustar los valores de las cuotas de sus planes de salud según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor.
De ahora en más, según esa cartera, la cuota de los planes de salud deberá ser calculada en base a la siguiente fórmula: “La cuota del plan de salud médico-asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por 1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nivel general con cobertura nacional elaborado por el Indec vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023)”. Es decir, según la inflación que mide el Indec.
La fórmula dispuesta por el Gobierno marca una decisión sobre el mercado que no se había visto hasta ahora en la gestión de Javier Milei. El argumento para tomar esa decisión es que existen “múltiples indicios serios” de que hubo una presunta cartelización entre las principales empresas de medicina prepaga.
Adorni también sostuvo que el Gobierno presentará una medida cautelar este miércoles en la Justicia para retrotraer los aumentos que llegaron después de la desregulación dictada en el “megadecreto” de diciembre y forzar la devolución del dinero que las empresas cobraron a sus clientes por encima de la inflación los meses previos. Las subas promedian el 165% en lo que va del año.
Se trata de una decisión tomada en conjunto entre la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud.
— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) April 17, 2024
