El Comité Evaluador del Ministerio Público Fiscal –integrado por cinco fiscales generales- decidió, por mayoría, que corresponde que se abra la instancia de juicio político respecto al fiscal federal Carlos Stornelli por su reticencia a comparecer en indagatoria ante el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. El mismo juez, incluso, rechazó a su abogado.
El dictamen no vinculante, con los votos de sus integrantes, fue entregado hace 15 días, pero la Procuración General que comanda interinamente Eduardo Casal no lo hizo público todavía. Es que, probablemente, la cuestión quede “abstracta” si es que el investigador de la causa “cuadernos” se presenta este viernes en el juzgado que investiga la maniobra de espionaje ilegal y extorsión que tiene como protagonista al falso abogado Marcelo D´Alessio.
La opinión del Comité era parte del trámite administrativo previo a que el jefe de los fiscales tuviera que tomar una decisión respecto de la suerte de Stornelli, al que también se le inició otro proceso disciplinario desprendido de los cargos que tiene en su contra por su interacción con el espía detenido.
La entrega de los 5 votos individuales respecto a la situación de rebeldía dictada contra Stornelli por no haberse presentado a indagatoria desde el 27 de febrero coincidió cronológicamente con el anuncio público del fiscal de que iba a presentarse en Dolores, el pasado 5 de noviembre.
Las opiniones que conformaron la mayoría corresponden al fiscal general Alejandro Alagia, de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad, y a los fiscales generales ante los Tribunales Orales en lo Criminal Alejandra García Netto y Guillermo Pérez de la Fuente. Mientras que otro de sus pares Oscar Ciruzzi tuvo una opinión más neutra pero acompañando al fondo de la decisión, respecto a la pertinencia de habilitar la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal pero con una intimación de Casal previa. Al contrario del fiscal de La Plata Julio Piaggio –ingresado a ese comité durante el interinato de Casal- que se opuso a la apertura de un proceso disciplinario que pudiera derivar en el jury a Stornelli.
Inmediatamente, y a través de su entonces abogado, Roberto Ribas, el investigador de “cuadernos” formalizó su intención de presentarse a declarar también ante la Procuración, ante la secretaría especial que se ocupa de los asuntos disciplinarios, a cargo de Juan Manuel Casanovas. Ramos Padilla lo citó para el 15 de noviembre pero súbitamente, a tres días de tener que asistir, modificó su defensor, por lo que la audiencia debió reprogramarse para el 29.
En el camino, el juez rechazó a su nuevo abogado pero dejó firme la convocatoria. Ya había advertido que en esa ocasión debería tener un letrado privado, un defensor oficial o autor representarse por su profesión de abogado. Si la cita se efectiviza, el proceso disciplinario que sugirió al Procurador iniciar el trámite de elevación a juicio político derivaría en una situación abstracta.
Hubo dilaciones en los plazos porque aguardaron la presencia de todos los integrantes del Comité para entregar sus conclusiones. Desde la Procuración aseguraron que todo el proceso disciplinario, por tratarse de una cuestión sensible, fue resguardado respecto de su publicidad, incluso internamente, lo que no evitó que hubiese especulaciones y filtraciones respecto a las definiciones del comité.
Respecto al otro proceso, iniciado a partir de los ocho hechos que se le imputan a Stornelli respecto a la investigación de Dolores, la conclusión fue más cauta: aguardar al resultado de la investigación judicial para analizar si corresponde avalar una suspensión que, aunque no vinculante, quedará en manos de Casal, con la decisión final.
Todo se resolvería –al menos en lo formal- si el fiscal asiste el viernes a Dolores. De todas formas, los plazos se estiraron al máximo de lo institucionalmente tolerable, tensando al máximo el clima interno entre los fiscales, algunos de los cuales, críticos de las dilaciones, apuntan a que todo el proceso debería ser auditado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal del Congreso.