La Fundación Apolo, con las firmas del legislador de Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro y José Magioncalda, bajo el patrocinio de Ignacio Falcón, presentó un hábeas corpus colectivo ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. La acción judicial busca que el Estado Nacional adopte medidas urgentes para hacerse cargo de los detenidos por causas de jurisdicción nacional y federal que actualmente se encuentran alojados en comisarías, alcaidías y otros espacios no aptos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada hoy por Jorge Macri.
«El 95% de los 2.300 detenidos en dependencias de la Ciudad de Buenos Aires están procesados por delitos de competencia de la Justicia Nacional y Federal, por lo que deberían estar cumpliendo su detención en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo, la falta de infraestructura ha generado una situación crítica de hacinamiento que provoca fugas reiteradas y situaciones de violencia que ponen en riesgo a los detenidos, el personal policial y la ciudadanía en general», señala la presentación judicial.
En su escrito, los abogados argumentan que la omisión del Estado Nacional que hoy comanda Javier Milei en garantizar cupos en establecimientos federales derivó en una «delegación tácita e impropia de responsabilidades entre distintos niveles estatales», lo que agrava el problema de sobrepoblación carcelaria en la Ciudad. «Al 31 de diciembre de 2024, el 93,3% de las personas detenidas en dependencias de la Ciudad se encontraban privadas de su libertad por causas en la Justicia Nacional o Federal», detalla el documento.
El informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, acompañado como prueba en la presentación judicial, revela que al cierre de 2024 había 2.141 personas alojadas en centros de detención no penitenciarios en la Ciudad. «Las comisarías y alcaidías porteñas no solo operan con una sobrepoblación del 35%, sino que también carecen de espacios adecuados para la atención de la salud, la alimentación y la visita de familiares, lo que representa una violación sistemática de derechos fundamentales», subraya la presentación.
En virtud de esta situación, la Fundación Apolo solicitó que la Justicia ordene al Estado Nacional y por extensión a su Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la asignación inmediata de cupos en establecimientos federales y la adaptación de inmuebles desocupados bajo su dominio para el traslado y alojamiento adecuado de las personas detenidas por causas de jurisdicción nacional y federal. «Es fundamental que se tomen medidas inmediatas para evitar una crisis aún mayor y garantizar el cumplimiento de la ley», concluye el escrito judicial.
Cabe destacar que el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Waldo Wolff, expresó en reiteradas oportunidades su preocupación por la sobrepoblación en dependencias de la Policía de la Ciudad y la necesidad de que el Gobierno Nacional asuma su responsabilidad en la detención de presos federales.
Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43 a cargo de María Rita Acosta.