La jueza Andrea Danas, titular del juzgado número 9 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso una serie de medidas para dar a conocer la existencia de un amparo de alcance colectivo cuyo objetivo es dar efectivo cumplimiento de la normativa que regula los mecanismos de control, inspección y sanción de establecimientos comerciales cuya principal actividad sea la venta, fabricación o provisión de indumentaria en la Ciudad.
El recurso de amparo colectivo en cuestión fue interpuesto por el exlegislador Facundo Di Filippo y la Asociación Civil Mujeres por la Igualad el 19 de noviembre de 2015, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley de indumentaria de la Ciudad, número 3.330, y su decreto reglamentario 172/12.
La ley 3.330, también conocida como ley de talles, fue sancionada en diciembre de 2009, para “garantizar a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires la existencia de un mínimo de ocho (8) talles correspondientes a las medidas corporales normalizadas en las Normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones”.
De acuerdo a la magistrada, se otorgó “a todas aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en integrar el proceso ya sea como actora o demandada, el plazo de diez (10) días para que se presenten en el expediente, constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho corresponda, bajo apercibimiento de continuar el juicio según su estado”.
El expediente en cuestión se encuentra en trámite en la Secretaría número 18 a cargo de María José Izurieta y Sea de Mestas Núñez (Roque Sáenz Peña 636, piso 1, frente).