Los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) Andrea Conde y José Cruz Campagnoli presentaron un pedido de informes y un proyecto de declaración de preocupación referidos al instructivo que el Gobierno de la Ciudad está enviando a los directores de las escuelas porteñas con instrucciones para llamar a la comisaría en caso de que alumnos/as tomen el establecimiento como forma de protesta.
“Es una medida claramente intimidatoria, que busca reprimir la libertad de expresión y acallar las voces disidentes. Es coherente con la política represiva que promueve todo el Gobierno frente al conflicto social. Los problemas y reclamos de la ciudadanía no se solucionan con palos en ningún contexto, mucho menos en las escuelas a las que asisten niños, niñas y adolescentes. Se criminalizan las prácticas democráticas y legítimas de participación de los adolescentes en lugar de fomentarlas y resguardarlas a través de canales de diálogo que incorporen las preocupaciones de los adolescentes en tanto ciudadanos”, expresó la diputada Conde, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.
“Ya habíamos presentado un proyecto para restringir el acceso de la policía a los establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires, impulsando que sólo puedan ingresar con una orden de un juez o de las propias autoridades educativas. Nunca pueden ingresar por razones de orden político. Ahora nos preocupa el instructivo que emitió el Ministerio de Educación. Lo cierto es que hasta ahora, en 30 años de democracia, nunca habían sido necesarios proyectos de estas características porque nunca había existido una política constante de presencia policial en las escuelas. Fue necesario pensar estos mecanismos en el contexto actual de persecución tanto a docentes como a estudiantes”, manifestó José Cruz Campagnoli, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación.
En concreto, el pedido de informes solicita al Gobierno de la Ciudad que informe si alguna dependencia del Ministerio de Educación emitió dicho instructivo durante 2017. En caso afirmativo, se solicitan fecha, dependencia, acto administrativo y número de Boletín Oficial en el que fue publicado. En caso negativo, se pregunta por las razones de su aplicación y quién autorizó su implementación. Asimismo, se cuestiona con respecto a qué medidas se arbitrarán para hacer cesar la implementación del instructivo.
“Las instituciones deben garantizar el derecho a expresarse y ser oídos de los adolescentes en las materias que los incumben. Los conflictos no deben criminalizarse sino resolverse en los ámbitos educativos y administrativos, como definen todas las normativas nacionales e internacionales sobre niñez y adolescencia (Ley Nacional N° 26.061, Ley de la Ciudad N° 114, Convención Internacional de los Derechos del Niño, incorporada en la Constitución Nacional). El instructivo del Ministerio de Educación viola estos principios y garantías constitucionales”, señaló María Florencia Gentile, plenarista del Consejo de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes por la Legislatura.
Tanto el pedido de informes como el proyecto de declaración de preocupación fueron acompañados por el presidente del bloque del FpV, Carlos Tomada, y la diputada porteña Magdalena Tiesso.
