Luego de la exposición de ministros y funcionarios que llevó cuatro jornadas, diputados oficialistas y opositores comenzaron este jueves el debate de la letra del proyecto de Presupuesto 2023 en comisión.
Como primer punto de la agenda, Carlos Heller -presidente del cuerpo- informó que habrá tres reuniones de debate más la semana que viene (martes, miércoles y jueves) con el objetivo de poder firmar un dictamen y convocar a una sesión para el miércoles 26 de octubre.
Los planes del oficialismo de dictaminar este jueves -para poder así adelantar el cronograma- fueron rechazados de plano por los bloques opositores, que reclamaron respetar la fecha acordada cuando fue presentado el proyecto.
En ese contexto, ante la posibilidad –que algunos opositores consideran una certeza- de que ganarán las elecciones el año próximo, los representantes de Juntos por el Cambio reclamaron tres garantías en la ley de presupuesto del año próximo.
Una, que todo excedente de la recaudación tributaria, si la inflación supera el umbral de inflación previsto en el presupuesto, sea reasignado previa autorización del Congreso. Dos, que se congele la actual dotación de personal del Estado y que sólo se autoricen los pases a planta permanente ya tramitados. Tres, que los gastos devengados a proveedores a lo largo del próximo ejercicio pero no pagados a fin de año próximo sean abonados por medio de un bono. Así, se pretende evitar que el próximo gobierno asuma su gestión con un tendal de deudas impagas de la administración anterior.
📊| DEBATE PRESUPUESTO 2023
La comisión de Presupuesto y Hacienda avanzó en el análisis y debate de los contenidos del proyecto de ley con el objetivo de lograr consensuar la semana próxima.
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El portavoz de este “pliego de condiciones” fue Luciano Laspina quien, para sorpresa de varios oficialistas, elogió algunos aspectos del proyecto. “Queremos que el gobierno cuente con la herramienta del presupuesto, pero como gobierno necesitamos garantías de que no se le deje una bomba fiscal al próximo gobierno”, anticipó Laspina.
“Yo celebro que haya un reconocimiento explícito de que esta política que ha llevado adelante el Gobierno es insostenible. Por eso desde el primer momento hemos tenido una actitud positiva, porque creemos que hubo un cambio histórico”, remató con un dejo irónico.
No obstante, aseguró que la oposición necesita “garantías” de que el Frente de Todos no dejará “una bomba fiscal al próximo gobierno como pasó en 2015″.
La principal sería incluir un suerte de “cláusula gatillo” que obliga al Poder Ejecutivo a enviar una ampliación del Presupuesto si los recursos fiscales obtenidos a través de la recaudación llegan al tope previsto.
Con este agregado desde Juntos por el Cambio esperan que si la inflación supera el 60% proyectado y la recaudación termina siendo mayor debido al efecto de la inflación, los fondos “extra” no puedan ser reasignados con absoluta discrecionalidad por un simple decreto de la Jefatura de Gabinete. Así buscan cortar la práctica instalada de subestimar la inflación para luego disponer de fondos “libres” que serán gastados sin pasar por el Congreso, especialmente en un año electoral como 2023.
Por otro lado, Laspina aseguró que lo dejaría “muy tranquilo” incluir otra cláusula que estipule que los gastos del Estado que no sean devengados ese mismo año puedan ser pagados con bonos. “Que el proveedor sepa que le podemos pagar con bonos”, aclaró.
Desde el Pro también adelantaron que no votarán el artículo referido a las retenciones al campo y pidieron convertir en ley el actual congelamiento de contrataciones de personal en el Estado.
Más allá de la respuesta que dé el oficialismo, lo cierto es que en Juntos por el Cambio predomina el ánimo de acompañar, al menos en la votación en general, el proyecto que el ministro de Economía, Sergio Massa, envió al Congreso. Por dos razones: una, porque a su juicio las proyecciones que plantea la iniciativa se muestran consistentes (aunque advirtió que la pauta de inflación del 60% prevista para diciembre de 2023 será de muy difícil cumplimiento) y, segunda, porque no quiere que el Gobierno nuevamente disponga de las partidas presupuestarias a su antojo si la ley resulta nuevamente rechazada, como el año pasado.