Este miércoles, el Gobierno del presidente Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1104/24, mediante el cual introdujo modificaciones al presupuesto prorrogado del 2023. La medida, que busca garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado, se inscribe en un contexto en el que la “ley de leyes” para el próximo año no ha sido tratada en el Congreso de la Nación.
El DNU establece un refuerzo en los créditos presupuestarios destinados al pago de salarios, funcionamiento estatal, equipamiento, y transferencias, como subsidios y becas. A su vez, se incluyen recursos para obras a futuro, mientras que las adecuaciones apuntan a fortalecer áreas estratégicas como Seguridad y Defensa, pero también implican recortes importantes en programas sociales administrados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Según los considerandos del texto oficial, resulta “necesario y urgente” implementar estas disposiciones para atender las necesidades presupuestarias del actual ejercicio y garantizar la operatividad del Estado.
Más dinero para Seguridad y Defensa
En tanto, las áreas más beneficiadas por la redistribución de los recursos son Seguridad y Defensa. El Ministerio de Seguridad recibió un incremento de $282.517 millones, destinados -principalmente- a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, así como a otras fuerzas, como la Gendarmería y la Prefectura Naval. Por su parte, el Ministerio de Defensa sumó $161.117 millones adicionales para cubrir gastos operativos y previsionales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
En términos operativos, las fuerzas de seguridad también recibieron partidas para viáticos de efectivos desplegados en misiones de paz y para la atención médica en zonas de difícil acceso, como Chaco y Corrientes, en el marco de una campaña sociosanitaria fluvial.
Readecuaciones en el gasto social y la ANSES
Asimismo, la ANSES experimentó un recorte significativo en programas tales como Prestaciones Previsionales, Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, con una disminución presupuestaria total de $51.572 millones. Esta decisión se justificó en función de previsiones inflacionarias que, según el Poder Ejecutivo, resultaron ser en 2024 superiores a las reales. Sin embargo, el organismo recibió incrementos en otros aspectos, como las prestaciones por desempleo y las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
El ajuste en la ANSES también incluyó la disminución de partidas destinadas a prestaciones previsionales, que ya habían sido reforzadas en julio. Pese a ello, se incrementaron las aplicaciones financieras para reflejar operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Ajustes en el Servicio de Deuda Pública
A su vez, el DNU contempla cambios en la atención de la deuda pública. En este sentido, se incrementó el importe máximo de colocación de bonos de consolidación, mientras que se dispuso la emisión de nuevos títulos públicos para reemplazar las letras denominadas en dólares en cartera del Banco Central, con plazos de amortización a cinco años.
Además, se reforzaron los créditos presupuestarios asignados al Servicio de Deuda Pública, aunque con reducciones en otros aspectos, como el pago de servicios financieros en moneda nacional y extranjera, que significaron un ahorro de $600.000 millones.
El impacto en el equilibrio financiero
La redistribución de recursos derivó en un incremento neto en el cálculo de ingresos del presupuesto por $2.149.126 millones, acompañado de una reducción del gasto corriente por $163.270 millones y del gasto de capital por $21.851 millones. Estas modificaciones generaron una mejora en el resultado financiero del Presupuesto de $2.334.256 millones, según estimaciones de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Además, el decreto dispuso compensaciones presupuestarias en otros organismos, como la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la Administración de Parques Nacionales, esta última afectada por la finalización de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Cabe señalar que el rediseño presupuestario evidencia un marcado interés del Gobierno por fortalecer las áreas de Seguridad y Defensa, mientras que los recortes en programas sociales podrían suscitar debates, tanto en el ámbito legislativo, que no pudo tratarlo, como en la opinión pública. Estas medidas, implementadas en las últimas semanas del año, muestran un intento por equilibrar las cuentas públicas en un contexto económico y social desafiante para el libertario.
Sin embargo, los ajustes en prestaciones previsionales y otros programas de la ANSES plantean interrogantes sobre sus efectos en los sectores más vulnerables, especialmente en un año marcado por la transición política y la incertidumbre económica.
El debate sobre la sostenibilidad de estas decisiones será, probablemente, uno de los ejes claves en el Congreso, camino a un 2025 pleno de internas y de pujas entre las fuerzas legislativas.
