La Comisión asesora de Presupuesto firmó este miércoles el dictamen sobre el proyecto de ley que persigue crear el Régimen de Patrocinio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para propiciar la participación de personas de carácter privado en sedes, instalaciones, programas y/o eventos del Sector Público en los términos del artículo 4° de la Ley 70.
El concepto de patrocinio es definido como el aporte económico de carácter no tributario a los recursos públicos que realicen las personas humanas o jurídicas de carácter privado en contraprestación a la difusión del nombre, denominación, marca, imagen, productos y/o servicios del patrocinante en sedes, instalaciones, programas, actividades y/o eventos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En los fundamentos, los diputados que impulsan la norma Diego Mariano García de García Vilas, Maximiliano Ferraro y Agustín Forchieri (VJ), apuntan que “como antecedente en derecho comparado podemos tomar como modelo para su estudio la legislación de la Ciudad de Madrid, cuyo ayuntamiento dictaminó las “Normas reguladoras del Patrocinio de Actuaciones Municipales” en el año 1992, y la “Ordenanza Reguladora de los Patrocinios Privados de Actividades Municipales del Ayuntamiento de Madrid” del año 2013, que regulan el régimen de patrocinio publicitario, en el cual se incluye la potestad del ayuntamiento de asumir el compromiso de colaborar en la publicidad de los patrocinadores, a cambio de una ayuda económica”.
Sostienen que “en ese sentido, la sanción de este proyecto se erigirá en la ley que permita integrar en la acción del Gobierno a los particulares, a la sociedad civil y a las organizaciones, a los fines de lograr una sinergia que resulte en beneficios para todos los habitantes de la Ciudad”.
La Constitución de la Ciudad en su artículo 48 establece que “Es política de Estado que la actividad económica sirva al desarrollo de la persona y se sustente en la justicia social. La Ciudad promueve la iniciativa pública y la privada en la actividad económica en el marco de un sistema que asegura el bienestar social y el desarrollo sostenible”. Surge así, el marco jurídico para la organización y el funcionamiento de la actividad económica, fundados en la equidad y la justicia social como principios rectores.
Tiene como objetivo propiciar la participación de personas de carácter privado en sedes, instalaciones, programas del sector público
“Asimismo, el concepto de integración en la promoción de iniciativas públicas y privadas -afirman los legisladores propiciantes- nos interpela a generar las condiciones para que los objetivos del bienestar social y el desarrollo sostenible, sean alcanzados. Es en este entendimiento, que los particulares, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado se transformaron en aliados indispensables para lograr los objetivos del desarrollo sostenible, y esa interacción exige marcos jurídicos que la institucionalicen. Analizando concretamente el proyecto, entendemos que el objeto del mismo es viabilizar la colaboración de personas de carácter privado en iniciativas o acciones que lleve adelante el Gobierno, como así también en el mantenimiento, conservación, refacción o desarrollo de edificios y espacios públicos de la Ciudad. Es importante mencionar, que esta colaboración no genera contraprestación alguna a cargo del Gobierno de la Ciudad”.
En la iniciativa la autoridad de aplicación tiene amplias facultades para seleccionar los Proyectos de Patrocinio de Colaboración y controlar la ejecución de los mismos. También podrá, autorizar la comunicación de las colaboraciones realizadas, es decir se podrán dar a conocer a los habitantes de la Ciudad, quiénes son las personas físicas y/o jurídicas que intervinieron con acciones de colaboración.
Sin embargo, se argumentó que “estas comunicaciones no tienen una naturaleza publicitaria en sí mismas, sino que su fin es funcionar como estímulo para la práctica colaborativa, dando a conocer a los patrocinadores de la Ciudad que articulan estrategias eficientes para la satisfacción del bien común. En este sentido, es responsabilidad del Estado generar las condiciones que viabilicen la colaboración de todos los actores para dar respuestas a las demandas sociales que hoy se nos imponen”.
La reunión estuvo encabezada por la presidente de la Comisión de Presupuesto, diputada porteña Paula Villalba (VJ), y también la presenciaron los legisladores Francisco Quintana, Lía Rueda, Claudio Cingolani, Christian Bauab, Agustín Forchieri, Claudio Romero, Daniel Presti, Paola Michielotto, Diego García Vilas, Victoria Roldán Méndez, Cristina García, Maximiliano Ferraro (VJ), Javier Andrade, Carlos Tomada (UC) y Marcelo Guouman(E).
